Hace algunos días vi un video de la senadora electa María Clara Posada que llamó poderosamente mi atención. En este, la congresista (e) analizó la propuesta del “gran diálogo nacional” del candidato Iván Cepeda y cómo esta tiene todos los tintes dictatoriales que podrían esperarse del libreto chavista.
Lo primero que llamó mi atención, y es precisamente el motivo por el que escribo esta columna, es que, según el candidato, las decisiones que se tomen en la mesa del gran diálogo nacional —de la cual, por demás, no se sabe quiénes la conformarán ni cómo serán elegidos— tendrán carácter vinculante y serán llevadas a la práctica mediante decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente de la República.
Esto disparó en mí, de manera instantánea, varias señales de alerta. Una, sin duda, es que el “gran diálogo nacional” se parece más a lo que los grandes doctrinantes del derecho constitucional denominan estados de anormalidad constitucional: períodos de tiempo en los que la institucionalidad se flexibiliza para solucionar situaciones que atentan contra la existencia misma del Estado de derecho.
Sin embargo, este, a mi criterio, mal llamado “diálogo nacional” —pues parece más un impulso autocrático por crear un congreso paralelo en el que las mayorías estén aseguradas a favor del Gobierno— no está reglado en nuestra normativa interna y, En pocas palabras, se trataría de una habilitación política para gobernar mediante decretos, sin controles institucionales claramente definidos y con un margen de discrecionalidad incompatible con una democracia constitucional.
Sin embargo, esta pulsión de gobernar por decreto no debería sorprender. Particularmente, este gobierno —cuyo continuismo parece representar la figura de Iván Cepeda— ha mostrado una marcada inclinación a expandir el alcance del poder ejecutivo mediante el uso recurrente de estados de excepción. Estos, a diferencia de esta cuestionable —por decir lo menos— propuesta, sí se encuentran fuertemente reglados y sometidos al control judicial de la Corte Constitucional, lo que al menos ofrece ciertas garantías institucionales frente a eventuales abusos o extralimitaciones del Ejecutivo.
La experiencia latinoamericana demuestra que los procesos de concentración del poder rara vez comienzan con la supresión abrupta de las instituciones. Por el contrario, suelen iniciar bajo discursos de participación popular, eficiencia gubernamental, seguridad o transformación política, debilitando gradualmente los límites al poder hasta vaciar de contenido a las instituciones democráticas.
Venezuela y Nicaragua lo hicieron bajo narrativas revolucionarias de izquierda; El Salvador, bajo un discurso de seguridad y eficacia estatal. Los discursos cambian, las justificaciones ideológicas mutan y las banderas políticas se transforman, pero las derivas autoritarias terminan pareciéndose entre sí. Porque, al final, las dictaduras y los regímenes autocráticos suelen encontrarse en sus formas: debilitamiento de los contrapesos, subordinación de las instituciones, concentración del poder y erosión paulatina de las libertades democráticas.
Al final, más allá de simpatías políticas, ideologías o del espectro en el que se ubique un candidato, cualquier propuesta que pretenda reemplazar los contrapesos institucionales por el gobierno vía decreto constituye una amenaza directa a la vida republicana del país. La democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por el respeto irrestricto a las reglas, a la separación de poderes y a los límites que impone el Estado de derecho incluso a quienes ostentan el poder.
Por eso, cualquier aspiración política que busque materializar su programa de gobierno saltándose las vías institucionales, debilitando al Congreso o concentrando facultades extraordinarias en cabeza del Ejecutivo debe ser vista con enorme preocupación. Los atajos autoritarios suelen presentarse bajo discursos de eficiencia, participación o transformación, pero terminan erosionando lentamente las bases mismas de la democracia.
Colombia necesita reformas, debates profundos y acuerdos nacionales, sí; pero todos ellos deben darse dentro de las reglas del juego democrático y respetando las instituciones. Renunciar a eso, incluso en nombre de las mejores causas, es abrir la puerta a un modelo donde el poder deja de tener límites. Y una ciudadanía responsable no debería respaldar, en ninguna circunstancia, a candidatos que pretendan gobernar por fuera de los cauces institucionales.
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