El decretazo de salario mínimo que expidió el Gobierno Nacional a inicio de año representó una apuesta de alto riesgo para la economía y para la sostenibilidad fiscal del país. Aunque el decreto menciona formalmente criterios como la inflación, la productividad, el PIB y la contribución salarial al ingreso nacional, el incremento final no guarda una relación proporcional verificable con esas variables. El aumento cuadruplicaba la inflación observada (5,3%) y multiplicaba por 25 la productividad, que se había ubicado en 0,91%.
El problema no es que el Gobierno haya ignorado los criterios legales, sino que el resultado (23%) no parece derivarse técnicamente de ellos. En cambio, el decretazo priorizó el concepto de “salario vital”, que terminó siendo, nuevamente, un argumento retórico sin un marco normativo ni una metodología clara de implementación gradual y financieramente sostenible.
Desde la teoría económica, el salario mínimo puede tener una función redistributiva y no se limita a una fórmula automática de inflación más productividad. Sin embargo, cuando el incremento real es tan amplio frente al desempeño de la economía, el debate deja de ser ideológico y se vuelve técnico: ¿es consistente el aumento con la capacidad productiva del país?
Las posibles consecuencias no son automáticas, pero sí probables en un contexto como el colombiano, donde el salario mínimo tiene un peso desproporcionado en la estructura salarial y en múltiples mecanismos de indexación. Un aumento de esta magnitud eleva el riesgo de presión inflacionaria —no solo por mayores costos laborales, sino por su efecto en tarifas, multas, pensiones y contratos—, incrementa la presión sobre las finanzas públicas y puede trasladarse a mayor informalidad en un mercado laboral donde más del 50% ya opera por fuera de la formalidad.
Pero volvemos a lo mismo: ¿de qué sirve aumentar el salario mínimo si la productividad crece a un ritmo mucho más lento? Un salario que crece muy por encima de la productividad termina generando ajustes en otros frentes: precios, contratación o márgenes empresariales. Aumentan el salario mínimo, pero a la gente sigue sin alcanzarle la plata.
Hay además un efecto poco discutido: la compresión de la estructura salarial. Cuando el salario mínimo sube de manera abrupta, reduce la brecha entre quienes ganan el mínimo y quienes están ligeramente por encima. Eso debilita incentivos a la capacitación, presiona ajustes en cascada sobre toda la escala salarial baja y media y encarece la nómina de pequeñas y medianas empresas. El resultado no es necesariamente despido inmediato, pero sí menor contratación futura, congelación de ascensos o migración hacia la informalidad. Ese es el verdadero costo silencioso.
Cabe recordar que la decisión impulsada por un economista excepcional como Gustavo Petro sostuvo la tesis de que «entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja”. ¿Qué sería de la economía mundial sin las tesis irrefutables de Gustavito? Bajo esa lógica del presunto economista que nos gobierna, ¿por qué no subir el salario un 50, 100 o 200% para alcanzar el pleno empleo?
La relación entre salario mínimo y empleo no es lineal ni automática. La evidencia internacional muestra que aumentos moderados pueden tener efectos neutros en ciertos contextos. Pero incrementos reales desproporcionados respecto a la productividad elevan significativamente el riesgo de efectos adversos, especialmente en economías con alta informalidad e indexación como la colombiana. Simplificar el debate a una relación mecánica donde subir salarios siempre reduce desempleo no es teoría económica, es voluntarismo político.
Petro desconoce deliberadamente —o al menos minimiza— que el reciente aumento del empleo ha ocurrido en un contexto de bajo crecimiento económico, fenómeno que responde a factores sectoriales, recuperación postpandemia y cambios en composición del mercado laboral. No es un efecto automático de decretos salariales. La evidencia es compleja; la retórica, en cambio, es cómoda. Y cuando la retórica se convierte en política pública, los riesgos los asume toda la economía.
En ese escenario tan complejo, casi ningún político —entre candidatos al Congreso e incluso a la Presidencia— se le midió a respaldar la decisión del Consejo de Estado y explicar el problema con todas sus aristas. Era más fácil aplaudir el aumento del salario porque primero va el cálculo electoral; después vemos cómo se manejan los “detallitos” de la crisis fiscal y económica del país. Un claro ejemplo de cuando los políticos se disfrazan de pragmáticos para hacer sus jugadas más utilitarias.
Es cierto que la política es dinámica, pero la incapacidad de buena parte de los políticos colombianos para asumir costos y defender posiciones con sustento técnico demuestra el deterioro del debate público. Ya no compiten por ideas, compiten por likes y comentarios en redes sociales. La dinámica política los expone tarde o temprano. Personalmente, me quedo con los impopulares que hablan con responsabilidad y desde la evidencia, porque charlatanes sobran en este país.
Aunque la decisión del Consejo de Estado es cautelar y no definitiva, bastó para evidenciar dos vacíos: la debilidad técnica del Gobierno al sustentar un aumento de esta magnitud y la pobreza argumentativa de una oposición que tampoco ha sabido explicar con rigor económico sus implicaciones. Entre la retórica oficial y la superficialidad opositora, el debate serio sigue ausente.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-carlos-bolivar/
