En democracia, las elecciones no solo se ganan con votos; también se condicionan con el entorno en el que esos votos se emiten. Y cuando el entorno está marcado por estructuras criminales con control territorial, la línea entre libertad y presión se vuelve peligrosamente delgada.
Hoy Colombia enfrenta una discusión que debería alarmarnos a todos: la creación de zonas de ubicación temporal para integrantes del Clan del Golfo en el marco de la llamada “paz total”. Estas zonas ubicadas en departamentos históricamente golpeados por la violencia como Chocó y con presencia también en la región Caribe, Córdoba, han sido presentadas como instrumentos de transición hacia el desarme. Pero cuando estas decisiones coinciden con un calendario electoral, la pregunta ya no es solo jurídica o humanitaria. Es profundamente política.
Porque el problema no es únicamente negociar. El problema es cuándo, cómo y con qué garantías institucionales se hace.
En cualquier proceso serio de sometimiento o desmovilización, el Estado debe mantener control efectivo del territorio. La autoridad no puede diluirse. Sin embargo, cuando se suspenden órdenes de captura, se delimitan espacios con presencia concentrada de estructuras criminales y se reduce la presión operativa, el mensaje que se envía a las comunidades es ambiguo: el Estado negocia mientras el poder territorial sigue siendo ejercido por quienes durante años han impuesto reglas por la vía de la intimidación.
Y eso, en un periodo electoral, es delicadísimo.
La libertad del voto depende de algo básico: que el ciudadano no tema represalias. Que no existan actores armados con capacidad de influir en liderazgos locales, juntas comunales, transporte de votantes o control social. Cuando el Gobierno decide abrir espacios territoriales a un grupo armado antes de elecciones, el riesgo no es teórico. Es estructural.
Más grave aún es el contexto político en el que esto ocurre. El presidente Gustavo Petro ha defendido la estrategia de negociación como un camino hacia la pacificación. Pero la “paz total” no puede convertirse en una herramienta táctica de supervivencia política. No puede usarse para reconfigurar equilibrios territoriales en momentos en que el país se prepara para acudir a las urnas.
Porque la historia colombiana nos ha enseñado algo con dolor: cuando el poder ilegal coincide con procesos electorales, la democracia se deforma.
Es ingenuo pensar que estructuras con control sobre economías ilícitas, minería ilegal, narcotráfico y extorsión desaparecen de la noche a la mañana porque se les asigna una zona de transición. Es igualmente ingenuo ignorar que en muchos municipios la autoridad real no es la del alcalde ni la del comandante de Policía, sino la del grupo armado que decide quién puede abrir un negocio, movilizar mercancía o aspirar a un cargo público.
Ceder espacios, aunque sea bajo la narrativa de un proceso de sometimiento, sin un blindaje institucional robusto puede traducirse en una consolidación temporal de control territorial. Y eso, en año electoral, altera las reglas del juego.
Pero hay un punto aún más preocupante: la señal política.
Cuando el Ejecutivo toma decisiones de alto impacto territorial en plena contienda electoral, se abre la puerta a una sospecha legítima: ¿estamos ante una política pública estructural o ante una estrategia de reconfiguración de poder para asegurar apoyos indirectos? No se trata de afirmar conspiraciones. Se trata de advertir incentivos.
Un gobierno que enfrenta desgaste, críticas económicas y cuestionamientos institucionales puede verse tentado a buscar estabilidad política en los territorios mediante acuerdos que reduzcan la conflictividad visible. Menos confrontación armada significa menos titulares negativos. Menos operativos significa menos tensión. Pero la calma aparente no siempre equivale a fortalecimiento del Estado.
La democracia no solo exige elecciones; exige condiciones limpias.
El Congreso de la República debería estar ejerciendo un control político riguroso sobre estos procesos. Las zonas de ubicación temporal no pueden convertirse en enclaves grises donde la autoridad se relativiza. No pueden ser territorios donde la línea entre negociación y concesión se desdibuje.
Y menos aún pueden implementarse sin una pedagogía clara frente al país. Porque cuando la ciudadanía percibe que el Estado cede mientras los criminales ganan margen, la confianza institucional se erosiona.
Además, hay un componente económico que no puede ignorarse. Las regiones donde operan estas estructuras no solo son escenarios de conflicto; son corredores estratégicos para economías formales e informales. Empresarios, comerciantes y productores necesitan seguridad jurídica y física. Si el mensaje es que el control territorial está en negociación justo antes de elecciones, la incertidumbre se multiplica.
La estabilidad democrática no se construye con atajos.
Negociar con actores armados puede ser una herramienta válida dentro de un marco constitucional sólido, con supervisión internacional, cronogramas verificables y presencia efectiva de la Fuerza Pública. Pero hacerlo en medio de un proceso electoral exige un estándar aún más alto de transparencia y prudencia.
Porque cuando el territorio entra en negociación y el poder está en juego, el riesgo no es solo de seguridad. Es de legitimidad.
Colombia merece elecciones libres, no condicionadas por equilibrios armados temporales. Merece un Estado que fortalezca su presencia antes de acudir a las urnas, no que la reconfigure en plena contienda.
La democracia no puede desarrollarse bajo la sombra del miedo. Y cualquier estrategia que, por cálculo político o improvisación, debilite la autoridad territorial en periodo electoral, pone en juego algo más grande que una elección: pone en juego la confianza en el sistema mismo.
Y cuando la confianza se pierde, recuperarla es mucho más difícil que negociar cualquier zona de transición.
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