Si has estado últimamente por el sur del Valle de Aburrá —Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Caldas—, lo has visto con tus propios ojos: vallas gigantes, afiches en cada esquina, calles intervenidas, locales pintados con los mismos dos rostros. Figuras avaladas por el Partido Conservador, cercanos a Carlos Andrés Trujillo. Donde voltees la cabeza, ahí están. Una invasión visual que no se le escapa a nadie.
La pregunta es directa y no se responde sola: ¿de dónde sale la plata para tanto despliegue? Porque las campañas caras no se pagan solas ni con buenas intenciones.
Esta semana, la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) denunció que, entre el 26 y el 30 de enero de 2026 —cuatro días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales—, se adjudicaron contratos de publicidad institucional por $71.893 millones. De ese total, cerca del 90 % (más de $64.000 millones) se concentró en RTVC mediante 12 de los 16 contratos firmados en ese periodo, todos por vía directa y en tiempo récord.
Acá en Medellín, organizaciones como Todos por Medellín han alzado la voz varias veces. Han señalado que ciertas movidas locales borran la línea entre gestión pública y posicionamiento político permanente. No es solo comunicación institucional: es ventaja electoral disfrazada de información oficial.
Tres realidades distintas, pero una sola pregunta que nos une a todos: ¿de dónde sale realmente el dinero?
Colombia atraviesa uno de los momentos fiscales más delicados de los últimos años: déficit creciente, regla fiscal tensionada al máximo, deuda que reduce drásticamente el margen de maniobra. Regiones afectadas por la ola invernal esperando recursos que no llegan. Proyectos estratégicos de infraestructura —vías, sistemas de transporte, acueductos, hospitales, colegios— desfinanciados o aplazados sin cierre financiero claro. Entidades territoriales con presupuestos restringidos y obligaciones crecientes. Un sistema de salud desestabilizado: intervenido, desfinanciado e incierto para millones de pacientes.
A esto se suman la baja ejecución de inversión pública, retrasos en pagos a proveedores, aumento del costo del endeudamiento y una rigidez presupuestal que deja cada vez menos espacio para inversión real.
El mensaje es claro: no hay suficiente dinero. Hay que priorizar.
Pero al mismo tiempo la pauta crece. Las campañas se expanden. Los rostros se multiplican.
La contradicción es evidente.
El problema no es un partido específico. Es el modelo.
Las maquinarias no funcionan por ideología. Funcionan por flujo de caja. El esquema es conocido: acceso al contrato público, contratistas dispuestos a negociar porcentajes, devolución indirecta que sostiene campañas y consolida redes de beneficiarios atados al sistema. No es militancia. Es nómina.
A muchos no les entregan un sobre; les entregan un mensaje: la continuidad depende de la lealtad política. El respaldo electoral se convierte en requisito tácito para conservar el contrato o el puesto. El voto deja de ser convicción y pasa a ser mecanismo de supervivencia económica.
Así se perpetúa el poder sin necesidad de discursos ideológicos. Así operan los clanes modernos: empresas de favores, poder y supervivencia política.
Las maquinarias se alimentan del presupuesto. Y cuando el presupuesto se convierte en botín, deja de ser instrumento de desarrollo y pasa a ser instrumento electoral. La ideología se diluye. Se arman alianzas entre opuestos aparentes cuando hay cuotas y recursos de por medio.
Esa lógica también se ve en el Congreso: el apoyo a reformas o proyectos no siempre sale por convicción; sale a cambio de “gestión” —plata para obras o contratos en la región—. Oficialmente es gestión. En la práctica, muchas veces es negociación pura.
Cuando el dinero público se usa como ficha de intercambio político, deja de asignarse por urgencia nacional y empieza a asignarse por conveniencia electoral. El presupuesto responde al poder, no solo a la necesidad.
Aquí debemos ser coherentes. La indignación selectiva es conveniencia.
La democracia se deforma cuando quien maneja el presupuesto tiene ventaja descomunal en la contienda electoral. Se rompe la competencia real. Se contrata al más leal en vez del más capaz. Se inflan contratos para mantener redes en vez de ejecutar con eficiencia. Se prioriza el engranaje político en vez de la urgencia social.
Mientras tanto hablamos de déficit, deuda, crisis de salud, emergencia invernal… como si fueran fenómenos aislados. No lo son. Cada peso que alimenta una maquinaria es un peso menos para inversión necesaria y estabilidad fiscal.
El presupuesto no le pertenece a un presidente, a un alcalde ni a un movimiento. Es de los ciudadanos.
Y cuando se usa para sostener campañas y clanes, deja de ser política. Se convierte en negocio, que lo financiamos todos. Con impuestos, con deuda, con oportunidades perdidas.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
