En América Latina hay territorios donde nunca se firmó un acuerdo de paz, pero en donde se vive como si se estuviera en un eterno posconflicto. Son lugares marcados por violencias persistentes, desconfianza institucional, tejido social roto y una rutina de supervivencia que no distingue entre tiempos de guerra y tiempos de paz. Con un agravante adicional: en diversos de estos contextos, la construcción de paz está mediada por la creciente presencia del crimen organizado.
Combatir el crimen organizado obliga al Estado a ir más allá de la reacción y a fortalecerse frente a un nuevo orden criminal. Ese orden criminal presenta al menos cuatro dimensiones clave.
Primero, el crimen organizado no puede ser entendido como una simple manifestación de violencia o delincuencia común. Se trata de un fenómeno estructural que combina control territorial, corrupción, captura institucional y violencia selectiva, superando por mucho las capacidades tradicionales del Estado. Bajo este orden criminal, no solo se enfrentan bandas armadas: se combaten estructuras de poder paralelas que disputan soberanía, que superan en diversos aspectos las capacidades tradicionales del Estado y que tienen capacidades avanzadas para moverse con facilidad a través de los circuitos económicos y financieros transnacionales.
Segundo, la seguridad dejó de ser un asunto exclusivo del orden público. Hoy es una condición fundamental para la gobernabilidad democrática, el desarrollo económico y la vigencia del contrato social. Cuando el crimen controla territorios, corrompe instituciones y suplanta funciones del Estado. En general, lo que está en juego no es solo la seguridad, sino la legitimidad misma del sistema político, pues debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Tercero, frente a la urgencia ciudadana, el Estado necesita producir resultados visibles, concretos y tempranos. No se trata solo de grandes reformas —que son necesarias—, sino también de intervenciones estratégicas que aumenten la presencia institucional, reduzcan el temor y recuperen espacios tomados por el crimen. Las “victorias rápidas” no resuelven todo, pero permiten recuperar confianza y dan oxígeno político para avanzar.
Cuarto, sin transformaciones estructurales no habrá paz ni seguridad sostenibles. Modernizar la arquitectura institucional de seguridad y justicia, fortalecer capacidades estatales, articular múltiples actores y alinear la política criminal con los objetivos de desarrollo e inclusión ya no es una opción: es una urgencia. No basta con reaccionar: se necesita construir un nuevo marco de gobernanza territorial que enfrente, de raíz, el poder acumulado del crimen organizado.
Ante estos desafíos, la academia también tiene un papel urgente que cumplir. Reunir mejores datos, comparar contextos regionales y producir conocimiento útil para la política pública son tareas inaplazables. No se pueden seguir abordando las violencias desde lógicas puramente nacionales, como si el crimen organizado no tuviera patrones regionales. América Latina necesita una comunidad de conocimiento comprometida con entender y transformar. Frente a un crimen que coopera, cruza fronteras y aprende, la respuesta institucional también debe ser cooperativa, regional y basada en evidencia.
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