Imaginemos a un comerciante del centro de cualquier ciudad que recibe un mensaje de cobro firmado con el nombre de alguien que todos temen. No sabe quién escribe, ni si detrás hay una organización con mando o un par de muchachos que tomaron el nombre prestado. Paga igual. El nombre hizo el trabajo que antes hacían las armas, y por eso, en el crimen organizado, la reputación es un activo.
La literatura sobre mafias lo describe así: quien vende protección vende la reputación de poder ejercer violencia, y esa reputación le ahorra ejercerla. Por eso los nombres circulan, se heredan y se piden prestados.
El caso del Tren de Aragua muestra la diferencia entre la marca y la organización. Según InSight Crime, la marca es mucho más fuerte que la estructura que hay detrás: una red laxa de bandas afiliadas que, en cada país, actúa con más autonomía que bajo un mando único. En Colombia, su asentamiento en la frontera sirvió de puerta de entrada para otras bandas de origen venezolano que se beneficiaron de su reputación, y algunas, ya fortalecidas, se independizaron.
Bajo un mismo nombre hay, entonces, al menos tres cosas distintas: una organización con mando, una banda local que usa el nombre a cambio de lealtad o de una parte de sus ingresos, y una etiqueta que la prensa y las autoridades aplican a cualquier delincuente del mismo origen. InSight Crime advierte que el nombre se usa hoy como descripción genérica de criminales venezolanos capturados, tengan o no un vínculo comprobado con el grupo original, y que la falta de información verificada lleva a inflar las cifras de capturas y el alcance.
El riesgo para la política pública es gastar el esfuerzo en determinar si un grupo con ese nombre está o no en la ciudad, en lugar de averiguar quién cobra extorsión o vende drogas y a quién. Esa primera pregunta casi siempre tendrá una respuesta ambigua. Las otras tres, en cambio, se pueden investigar: quién cobra y a quién, en qué barrio y con qué respaldo armado, y adónde va el dinero. Con ellas se investiga, se judicializa y se afecta la renta. El nombre sirve para titulares.
Medellín ofrece un matiz. Diversos analistas han sostenido que la ciudad ha sido hasta ahora difícil de penetrar para el Tren de Aragua, y algunos expertos lo atribuyen a que su mundo criminal está consolidado y no cede territorio. Esa resistencia no es una buena noticia: significa que las rentas ya tienen dueños, y que la ausencia de ese nombre no debería tomarse como señal de que el problema es menor. Otras voces advierten que la presencia se ha minimizado y señalan hechos que podrían evidenciar una expansión de sus actividades ilegales en la ciudad.
Hay, además, un costo que rara vez se menciona. El nombre arrastra a todo un grupo nacional, y las primeras víctimas de esas bandas fueron los propios migrantes, a quienes cobraron peajes y extorsionaron en los pasos fronterizos. Convertir una marca criminal en sospecha sobre quien huye de ella castiga dos veces a los mismos.
Los nombres cambian y las rentas permanecen. Una política de seguridad útil pregunta por lo segundo: quién controla la extorsión, la venta de drogas y el cobro en cada territorio, y con qué personas y con qué dinero. Al nombre conviene darle la importancia justa. Quien lo teme de más le regala el trabajo al criminal, y quien lo desprecia por completo se arriesga a no ver que una banda real se instale a su lado.
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