Con Gustavo Petro en el poder, la pregunta que debemos hacernos los colombianos no es si llegará o no el día de una ruptura del orden constitucional, sino cuándo. Igual de relevante entonces es también la pregunta sobre la forma en que responderemos como sociedad frente a ese acontecimiento que se viene orquestando desde hace varios meses por el poder ejecutivo y sus cajas de resonancia en el legislativo.

Petro le ha buscado la comba a la ley más de una vez. Ha hecho caso omiso a mandatos de la Procuraduría que le exigían, por ejemplo, apartar al excanciller Leyva de su cargo, lo cual cumplió mucho tiempo después, cuando le vino en gana. Su gobierno está vinculado también a un caso de entrega de coimas por miles de millones de pesos a los presidentes de Cámara y Senado, direccionados con el fin de conseguir apoyo a sus reformas en el Congreso. En realidad, si miramos en retrospectiva la vida de Gustavo Petro, no ha de extrañarnos su marcada renuencia a la legalidad, incluso desde los tiempos en que era un tierno adolescente con fusil.  

Sin embargo, una cosa es que el Presidente desacate una decisión de la Procuraduría, que no va más allá de un proceso disciplinario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y otra muy distinta que intente cooptar el poder legislativo, que haya impuesto a una Fiscal de bolsillo -a la cual, dicho sea de paso, nadie le conoce la voz en el país- y que arrecie su retórica contra las Instituciones democráticas y amenace a estas con la violencia de sus “colectivos”. Tal estado de cosas nos muestra que transitamos desde una ruptura institucional a una premeditada ruptura constitucional del Estado de Derecho.

Anticipemos por un momento ese aciago momento. El día de la ruptura constitucional todo será rápido. Veremos cómo una cosa sucede a la otra de forma tan apresurada que a duras penas podremos discernir lo que pasa. Quizás lo primero que sepamos es que el Congreso y las Cortes han sido cerrados y se encuentran sitiados por las milicias urbanas del petrismo. Acto seguido, en algún lugar del país, posiblemente Cali o Casa de Nariño, el presidente hará una alocución en la que afirme su carácter redentor y justifique lo que está sucediendo como la expresión del “pueblo” que ha decidido expresarse de forma directa contra las “élites” que “impiden los cambios” y “buscan la guerra”.  

Lo demás es un refrito más o menos conocido, pues seguirá a pies juntillas el guion de las distintas dictaduras latinoamericanas. Después de la ruptura constitucional vendrá el Estado de Sitio, la restricción de las libertades civiles, el amordazamiento de la prensa y la persecución a los opositores. Petro intentará legitimar su toma totalitaria del Estado por medio de algún mecanismo fraudulento, bien sea un plebiscito amañado o la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

¿Y qué haremos mientras tanto nosotros, los demócratas, defensores de la libertad, respetuosos del orden constitucional y legal? Muchos confían sus esperanzas en las Fuerzas Militares, bajo cuyas armas debería restaurarse el cauce constitucional. Sin embargo, mi tesis es otra. No son las Fuerzas Militares, sino la sociedad civil la encargada de encarar ese acontecimiento nefasto. Y lo anterior por dos razones básicas. El despliegue de las fuerzas militares desataría una confrontación armada que en poco tiempo puede tomar la forma de una guerra civil, de carácter predominantemente urbano, pero con efectos también en la ruralidad. En segundo lugar, lo conseguido por la fuerza sólo con la fuerza se mantiene. De esta forma, a un acto antidemocrático le seguiría uno igualmente antidemocrático: la instauración de una junta militar ex post facto, cuyas formas, duración y finalidad desconocemos.

Así pues, ante el inexorable día D, es en manos de la Ciudadanía en donde recae el peso y la responsabilidad de evitar la dictadura, el baño de sangre o la anarquía. La respuesta ciudadana debe ser firme y pacífica, encontrando en la movilización masiva el ariete que derrumbe las puertas de la tiranía. Junto a la movilización social debe contarse la desobediencia civil, como acción colectiva y moralmente justificada, y la presión a la comunidad internacional para que condene e imponga sanciones al gobierno despótico. La ciudadanía tiene a su disposición todo un arsenal pacífico de acción que, ojalá, no sea necesario nunca desplegar.

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