Hoy llego a la oficina y le pregunto a Mateo por su primo.
Accidente en moto. Reconstrucción de pelvis.
No hay fecha para su cirugía.
Entra Santiago. Le pregunto por su papá.
Tuvo que meter una tutela en Savia Salud EPS para que le autoricen un procedimiento. Esperando.
Me siento, abro X.
Un video de Daniel Quintero entregándole plata, según él, de su propio bolsillo, a una mamá para comprar medicamentos para su hijo.
Lo presenta como si fuera fácil.
Como si así se resolviera el problema.
Se muestra generoso.
Dice que ese debería ser el modelo.
Ella le da las gracias.
Hay cámara.
Hay historia.
El libreto ya lo conocemos.
Primero fueron computadores; ahora, transferencias.
Es el populismo de siempre: conmueve incautos, ilusiona a quienes necesitan respuestas y suma seguidores.
Lo que pocos se detienen a pensar es que, si el sistema funcionara, nadie estaría repartiendo plata en videos.
Pero cuando deja de funcionar, aparecen estos personajes.
No responsabilizándose del problema, sino apropiándose de la supuesta solución.
Esto no empezó ayer.
En marzo de 2024, Gustavo Petro dijo “shu shu shu” con su plan para sacar adelante su reforma de la salud.
Intervino EPSs.
Migró pacientes.
Se desordenó el flujo.
Se dejó de pagar.
Antes de intervenir, atender a un paciente dejaba márgenes mínimos de ganancia.
Hoy las pérdidas ya pasan los $10 billones.
La deuda está entre $25 y $30 billones.
El patrimonio de las principales EPS intervenidas cayó cerca de $12 billones.
Pero el problema de los números se refleja por supuesto en la atención de los usuarios.
Los pacientes esperan. Esperan citas. Esperan autorizaciones. Esperan tratamientos. Esperan cirugías. Esperan medicamentos.
Las clínicas también esperan.
Siete, ocho, nueve meses para que les paguen.
Y mientras esperan, dejan de pagar.
A médicos.
A enfermeras.
A su propio personal.
Hay gente trabajando hoy sin saber si le van a pagar algún día.
Pero los costos sí llegan.
El salario mínimo subió 12% en 2024, 12% en 2025 y 23% en 2026.
Los insumos suben.
Los proveedores cobran.
Entonces las clínicas se endeudan.
A tasas por encima del 20% anual.
Se endeudan para cubrir lo que el sistema ya les debe.
Hoy atender a un paciente cuesta más de lo que el sistema reconoce y paga por él.
Y no solo eso: los recursos, además de insuficientes, llegan tarde.
Mientras tanto, la Unidad de Pago por Capitación (el valor anual que el Estado colombiano gira a las EPS por cada afiliado para cubrir el Plan de Beneficios en Salud (PBS), incluyendo consultas, medicamentos, cirugías y hospitalizaciones) crece alrededor de un 10% al año, muy por debajo del aumento real de los costos.
El resultado es evidente: el sistema no es sostenible.
Y en medio de todo eso aparece Quintero.
Su propuesta es pagarle directamente al paciente para que compre sus medicamentos.
Como si enfermarse fuera un trámite que uno puede resolver solo.
Como si el problema fuera simplemente girar plata.
¿Quién garantiza que el medicamento esté disponible?
¿Quién responde si llega a tiempo?
¿Quién se hace cargo cuando el paciente se pierde entre desplazamientos, trámites y decisiones que no debería tomar?
¿Quién decide a quién se le gira primero?
¿Con qué criterios?
¿Con qué controles?
Porque mientras los pacientes esperan, alguien sí va a decidir.
Y cuando no hay reglas claras, no hay trazabilidad y no hay control, esas decisiones no son direccionadas.
En un esquema así, es inevitable que los recursos se asignen mal y que esa plata no termine en medicamentos ni en tratamientos oportunos.
Claramente no es la solución.
Es asegurar que se pierda lo poco que queda del sistema.
No es solidaridad.
Es aprovechar el dolor y la enfermedad como una oportunidad para hacer política.
Y eso debería incomodarnos a todos.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
