En 2025, el secuestro extorsivo creció un 128% en Colombia y cerró el año con 477 víctimas, la cifra más alta registrada en la última década. Eso equivale, en promedio, a una persona y media retenida cada día del año. No me estoy refiriendo a los tiempos de los grandes carteles ni a cuando Colombia podría considerarse un Estado fallido. Estoy hablando del año pasado. Justo cuando el gobierno hablaba de paz.
El secuestro que regresó no es el mismo que conocimos. La modalidad extorsiva concentra hoy el 76% de los casos, una proporción que ni siquiera en los años más duros, entre 1999 y 2003, se alcanzaba. Ya no son retenciones prolongadas con discurso político. Son operaciones cortas, económicas, muchas veces tercerizadas: un grupo contrata a otro para ejecutar el secuestro, como ocurrió con el padre de Luis Díaz y con Lyan Hortúa, un niño de doce años en Jamundí.
En Bogotá, trece de los catorce casos registrados en 2025 corresponden al paseo millonario: la víctima aborda un taxi o una plataforma, y lo que sigue es una retención de horas mientras le vacían las cuentas. En Medellín, los expertos advierten que las cifras oficiales son apenas la superficie, porque las familias de las víctimas vinculadas a disputas entre organizaciones del narcotráfico rara vez denuncian. El secuestro dejó de ser cosa exclusiva de las montañas, mutó hacia las ciudades y aprendió a volverse invisible. Se volvió un crimen más fragmentado, más rápido, más difícil de rastrear.
Los grupos que el gobierno invitó a dialogar no suspendieron el delito durante las negociaciones: lo reorganizaron. El secuestro extorsivo se convirtió en un mecanismo de presión sistemática contra comerciantes, transportadores, líderes sociales y ciudadanos del común, mientras las mesas seguían abiertas y el gobierno contabilizaba gestos de paz que no se traducían en ningún indicador verificable. La paz total no redujo el secuestro. Le dio tiempo de mutar.
Y sin embargo, en los debates electorales de las últimas semanas, el fenómeno no se hizo presente con la claridad que merece. Hubo menciones de paso, propuestas de fondos de recompensas y promesas de mano dura. Pero hasta ahora ningún candidato ha explicado cómo se desmantela una red que aprendió a subcontratar, a operar en fragmentos, a moverse entre barrios y corredores rurales sin dejar rastro visible. Cuando el diagnóstico es parcial, la solución tiene alcance limitado.
La historia muestra que una vez que el secuestro se consolida como parte de la economía criminal, erradicarlo requiere años de esfuerzo sostenido, no un operativo fotogénico ni un discurso de campaña. El próximo gobierno heredará ese mapa. La pregunta no es si lo van a mencionar en los discursos. La pregunta es si van a entender lo que las cifras dicen: que cuando el Estado negocia sin líneas rojas, el crimen no hace paz. Aprende.
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