Es común afirmar que el giro táctico que permitió al Estado colombiano cambiar la correlación de fuerzas en la lucha contra las FARC fue el uso intensivo y estratégico de la capacidad aérea de la fuerza pública. Las bombas lograron neutralizar cabecillas, arrinconar combatientes, cortar rutas de abastecimiento y alterar la ventaja estratégica en diversos territorios. Quizá no exista en la historia reciente colombiana una referencia tan clara al uso legítimo y consciente de la fuerza como estrategia para la contención y el control de actores armados ilegales.
Años después, los debates continúan. Para algunos, los resultados positivos de estos operativos superan las críticas derivadas del uso indiscriminado de la fuerza, de los riesgos para la población civil y de la muerte de menores de edad reclutados por grupos ilegales. Para otros, si no se garantiza que estos operativos golpeen únicamente a los máximos responsables, lo más prudente sería prohibir cualquier incursión aérea.
Pero ningún Estado puede renunciar al uso legítimo de la fuerza. Tampoco puede ceder el control territorial ni claudicar ante los desafíos que impone una historia marcada por décadas de violencia y criminalidad. Sin embargo, pretender que las operaciones aéreas de antaño sean la respuesta adecuada al conflicto actual es un error. De hecho, la exigencia debe ser distinta y consiste en pedirle al gobierno colombiano una estrategia adaptada a la nueva configuración del crimen.
¿De qué sirven los bombardeos si los campamentos típicos de la guerra hoy en día son menos frecuentes? ¿Para qué sirve el despliegue de toda la capacidad aérea de las fuerzas colombianas si la criminalidad se viste de “paisano”, habita centros urbanos y se camufla entre civiles? Defender a capa y espada un operativo que neutraliza a unos cuantos integrantes, mientras surgen evidencias de posibles vulneraciones de derechos de menores de edad, no solo es costoso en términos morales y políticos. También erosiona la legitimidad estatal al dejar al descubierto deficiencias en el diseño de operaciones milimétricas que golpeen donde realmente importa: en las economías ilegales que sostienen a los grupos criminales.
El verdadero giro estratégico en el actual conflicto en Colombia no estará en revivir con frecuencia e intensidad los bombardeos en zonas rurales. Los nuevos grandes golpes llegarán, primero, cuando las agencias de inteligencia coordinen sus capacidades para cortar los circuitos ilegales del dinero: testaferros, lavado de activos y entramados financieros que operan tanto dentro del país como en aguas internacionales.
Y segundo, cuando la acción estatal se oriente a afectar las lógicas criminales que hoy se juegan en microterritorios: disputas por cuadras y barrios, dinámicas de control social, gobernanza criminal y negocios en los que lo lícito y lo ilícito se entremezclan. Un desafío que exige más contadores, financieros, economistas y politólogos que aviones de combate.
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