En la madrugada del pasado 21 de febrero, hombres con pasamontañas ingresaron a un apartamento ubicado en el piso 14 de la Comuna de Independencia, en Santiago, Chile, y secuestraron al exmilitar Ronal Ojeda Moreno, de 32 años, quien residía asilado en el país austral luego de haber escapado de la cárcel venezolana Ramo Verde, donde estuvo detenido 9 meses por supuesta traición a la patria, motín e instigación a la rebelión. Su cuerpo fue hallado poco más de una semana después, descuartizado, en una maleta sepultada bajo metro y medio de cemento. Su secuestro y asesinato fue orquestado y consumado por la organización criminal conocida como “Tren de Aragua”.

La familia del exmilitar no duda en afirmar que tras la muerte de Ojeda se encuentra el régimen venezolano en cabeza del dictador Nicolás Maduro. El asesinato de Ojeda, además, prendió las alarmas internacionales, lo que llevó a una serie de investigaciones que vienen sacando a la luz la trama de espionaje, persecución y exterminio de todo asomo de oposición a la “Boliburguesía” chavista, tanto dentro como fuera de Venezuela. Las denuncias, sin embargo, no son nuevas, comprometiendo desde hace años al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) con prácticas como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada. Estas acciones se han extendido a países como Colombia, Argentina, Ecuador y Perú.

El panorama se torna todavía más oscuro debido a la cada vez más contundente proliferación de pruebas que evidencian la relación del espionaje venezolano con grupos armados como el ELN y el Tren de Aragua. Los documentos que se han conocido revelan cómo Venezuela utiliza información de inteligencia para brindar apoyo a estas organizaciones, lo que implica una seria amenaza para la seguridad regional y aumenta las tensiones entre los países latinoamericanos, debilitando la democracia y atentando contra la vida y los derechos humanos de cualquiera que se atreva a pronunciarse en contra de la Dictadura.

Las investigaciones que se vienen realizando muestran que las tácticas de espionaje empleadas por Venezuela son diversas y abarcan desde la infiltración en movimientos sociales, partidos políticos y ONGs hasta el ciberespionaje, el seguimiento y la vigilancia de opositores políticos, así como la recopilación de información personal de ciudadanos de distintas nacionalidades. Hay también indicios que apuntan hacia el apoyo que los servicios de inteligencia venezolanos vienen recibiendo por parte de países con intereses geoestratégicos en la región, como es el caso paradigmático de Rusia.  

Por eso es imperativo que la comunidad internacional tome medidas contundentes frente al espionaje y la actividad criminal de Venezuela en América Latina. Basta ya de permitirle al dictador Maduro hacer lo que se le venga en gana. No conforme con sumir a su país en la miseria, su intención implica también la desestabilización de sus vecinos. Los Estados latinoamericanos deben responder fortaleciendo la seguridad regional mediante una mayor cooperación que permita hacer frente a esta amenaza y salvaguardar la integridad y la democracia en la región.

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