Once campesinos de Jericó, Antioquia, enfrentan un proceso judicial por defender el agua, la tierra y el territorio frente al avance del proyecto minero Quebradona, de la multinacional AngloGold Ashanti. Son acusados de secuestro, hurto y lesiones personales. La audiencia de imputación comenzó el 26 de mayo y continuará el 16 de junio.
AngloGold Ashanti arrastra un historial cuestionable en varios países. En Sudáfrica fue demandada por miles de exmineros enfermos; en Ghana, por contaminación y pérdida de tierras agrícolas.
En Colombia, la presencia de AngloGold Ashanti no brilla como oro; por el contrario, se ha vuelto cada vez más turbia. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, durante los gobiernos de Álvaro Uribe se otorgaron al menos 20 títulos mineros en territorios colectivos del río Andágueda (Chocó), zona fuertemente golpeada por el conflicto armado. La mayoría de esos títulos fueron entregados a empresas vinculadas a AngloGold Ashanti. Tres de ellos estuvieron a nombre de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente.
Se lee en el mismo informe de la Comisión de la Verdad que “(…) la empresa AngloGold Ashanti era parte de un sistema de celebración de convenios entre empresas del sector extractivo con el Ejército Nacional que las partes denominan convenios de cooperación de seguridad”. Algunos informes hablan de contratos de más de 10 mil millones de pesos a unidades militares de la Séptima División del Ejército Nacional, que operaba en la región donde la empresa tiene concesiones mineras, como el proyecto Quebradona en Jericó, Antioquia.
No se trata de hechos aislados. El Congreso de los Pueblos y el CRIC han denunciado que la empresa se ha beneficiado de violaciones a los derechos humanos, de montajes judiciales y de reformas legales a medida.
En La Toma, Cauca, la empresa fue señalada por beneficiarse de la explotación minera en territorios afrocolombianos sin cumplir con la consulta previa, lo que ha llevado al desalojo de comunidades ancestrales. En Tolima, la empresa fue sancionada por captar agua de forma irregular en reservas naturales, violando la legislación ambiental colombiana.
En Jericó, Antioquia, la AngloGold Ashanti ha hecho de las suyas desde hace 15 años. En 2024, un comunicado de 59 organizaciones ambientales y sociales dice: “En los últimos dos años se ha venido agudizando el conflicto socioambiental en el territorio (…) donde la multinacional sudafricana se había comprometido en 2013 a no realizar trabajos mineros”.
Allí, las organizaciones sociales denuncian que la empresa ingresó de forma clandestina a territorios rurales y que despliega estrategias de desinformación, militarización y represión. Testimonios aseguran que empleados de la minera han actuado disfrazados de recolectores de café o transportado maquinaria de noche, violando acuerdos y normas ambientales.
Estas artimañas parecen un mal chiste, pero son apenas una muestra de las estrategias de la empresa. Se creen todopoderosos y pretenden criminalizar a los líderes que protegen el territorio, el agua y la dignidad de la población. Para AngloGold Ashanti, la justicia no parece ser un valor, sino un instrumento de intimidación y abuso, en alianza con los aparatos jurídicos y de fuerza del Estado.
Colombia ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que protege a los defensores del ambiente. Sin embargo, la situación de los campesinos revela un profundo desfase entre esos compromisos internacionales y la realidad.
La defensa del territorio, del agua y de la dignidad en el Suroeste Antioqueño no puede reducirse a un asunto penal. Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresó su “preocupación por la judicialización de once líderes campesinos y defensores del ambiente en el municipio de Jericó, Antioquia (…). Las decisiones judiciales deben ser proporcionales, basadas en el contexto y respetuosas del derecho a defender el ambiente, conforme a la Constitución, el Estado Social de Derecho y el acuerdo de Escazú”.
Los Once de Jericó: Porfirio, de 86 años, Mauricio, Rubiel, José Gabriel, José Luis, Argiro, Gustavo, William, Rodolfo, Juan Carlos y Luis Albeiro, junto a los demás campesinos y sus protestas pacíficas, deberían ser protegidos y respaldados por todas las instituciones del país, incluyendo a la sociedad civil. Porque si algo debe unirnos como nación, es la defensa del territorio, del agua y, sobre todo, de la dignidad.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/maria-antonia-rincon/
