La desobediencia civil es una herramienta reconocida dentro de la teoría democrática. Se entiende como la decisión consciente, pública y generalmente no violenta de desobedecer normas o decisiones de autoridad cuando se considera que estas entran en tensión con principios superiores del orden constitucional o de la justicia. No es violencia, no es golpe de Estado y no implica la destrucción de las instituciones; es una forma de presión ciudadana que busca interpelar al sistema desde la ética política.
Pero su legitimidad no depende únicamente de su definición, sino del momento histórico en el que se invoca. Y Colombia atraviesa uno especialmente delicado.
Yo voté por la propuesta de Iván Cepeda, y desde esa posición política no tengo ambigüedad. Me preocupan varias de las decisiones y pronunciamientos de Abelardo de la Espriella, y discrepo profundamente de varias de sus posturas. Sin embargo, eso no me lleva a deslegitimar los resultados electorales ni a desconocer la autoridad del nuevo presidente. En democracia se gana o se pierde, y aceptar las reglas del juego también hace parte del ejercicio ciudadano.
Eso no significa, en ningún caso, renunciar a exigir. Al contrario: el nuevo gobierno necesita ser vigilado, cuestionado y exigido constantemente. Pero esa exigencia solo tiene sentido si se ejerce dentro de los cauces institucionales y reconociendo que el país no es de un solo sector, sino de una sociedad dividida que también requiere diálogo y equilibrio.
El día de las elecciones esto quedó especialmente evidente. Apenas se conocieron los resultados, hubo manifestaciones de ambos lados del espectro político. En ese ambiente cargado de emociones, se registraron bloqueos y expresiones de inconformidad que rápidamente elevaron la tensión. Incluso, en medio de esas jornadas, una menor de edad perdió la vida a causa de un disparo, lo que refleja hasta qué punto la polarización puede escalar más allá del debate político. Esto no puede normalizarse ni repetirse.
Es importante recordar también que en este momento el nuevo presidente ni siquiera ha llegado formalmente a la Casa de Nariño. Es decir, el país ya está reaccionando a un gobierno que aún no ha comenzado a ejercer plenamente. Esta inmediatez en la respuesta política muestra lo frágil que está el ambiente y lo peligroso que puede ser anticipar rupturas antes de que el proceso institucional siquiera se consolide.
En ese contexto, llamar a desobediencia civil o a desconocer autoridades no es un gesto menor. No porque la herramienta sea ilegítima, sino porque su impacto depende del terreno sobre el que cae y hoy ese terreno está profundamente polarizado, con un país dividido no solo en lo político, sino en lo social y lo emocional.
A esto se suma otro elemento que ha generado debate reciente: los recursos destinados al proceso de empalme, que rondan los 200 mil millones de pesos según se ha discutido públicamente. Este tipo de cifras naturalmente despierta preguntas y preocupaciones legítimas sobre el uso de los recursos públicos. Pero incluso esas inquietudes deben canalizarse a través de mecanismos de control, vigilancia ciudadana y exigencia institucional, no mediante llamados que puedan escalar la confrontación.
La manifestación pacífica siempre ha sido una herramienta válida y necesaria en democracia. Pero no todas las formas de presión son equivalentes ni tienen el mismo efecto en un contexto tan sensible como el actual. En Colombia, donde la historia de la violencia política sigue siendo reciente, la línea entre protesta y desbordamiento social no puede ignorarse.
Por eso, más que renunciar a la crítica, lo que este momento exige es responsabilidad. El respeto a la democracia no es solo aceptar resultados, sino también reconocer que el país se sostiene en dos mitades que deben convivir, incluso cuando no están de acuerdo.
No se trata de dejar de exigirle al nuevo gobierno, sino de hacerlo sin contribuir a profundizar una fractura que ya es evidente. Colombia necesita control ciudadano, pero también necesita estabilidad y en este momento, cualquier llamado que pueda interpretarse como ruptura institucional debe tomarse con pinzas.
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