Para escuchar leyendo: La inundación N. no se cuanto,Piero.
Partamos de un pacto de respeto, de bondad si se quiere. Queridos lectores, quiero partir de la convicción de que lo que pasó con la demanda de la organización El Veinte sobre neutralidad de acceso a internet es parte de lo que Max Weber llamó «lógica perversa»: cuando los medios usados para alcanzar un fin justo terminan generando el efecto contrario.
La Corte Constitucional les dio la razón a los demandantes, declarando inconstitucional la posibilidad de que los operadores móviles ofrecieran acceso gratuito a ciertas aplicaciones —como Facebook, WhatsApp o Instagram— bajo el modelo de zero rating. Según El Veinte, esta práctica vulneraba la neutralidad de la red y favorecía a unos contenidos sobre otros, afectando la libre competencia y la libertad de expresión.
Hasta ahí, suena bien en teoría. Pero lo que no se está considerando es el profundo impacto que esta decisión puede tener en millones de colombianos que hoy solo acceden a internet, justamente, a través de estas plataformas gratuitas. Como lo ha dicho la propia directora de El Veinte, Ana Bejarano, esto es un paso hacia una red más “democrática”. Pero en la práctica, puede significar que muchas personas dejen de tener cualquier acceso digital.
Según el Ministerio TIC, en 2023 solo el 63,9% de los hogares colombianos tenía conexión a internet, y en departamentos como Vichada o el Chocó, esa cifra no supera el 15%. Para el 40% de la población que aún está desconectada, las redes sociales no son “migajas”, como Bejarano ha dicho en sus entrevistas, sino el único puente con sus familias, el comercio, la educación e incluso la salud. La brecha digital no es solo una cuestión de acceso, sino de calidad, de dispositivos, y de infraestructura. ¿Y qué solución ofrece la Corte? Quitarles lo poco que tienen a quienes más lo necesitan, mientras seguimos sin una política estatal efectiva que garantice conexión universal.
Bejarano menciona en su columna “Internet gratis”, que en países como Chile estas prácticas ya fueron prohibidas y que no pasó nada. Pero omitió que, tras la prohibición en 2014, no se ampliaron los servicios gratuitos: simplemente desaparecieron. Algunos operadores bajaron sus precios, sí, pero el acceso libre e irrestricto nunca llegó. Es más barato y práctico para las empresas eliminar las promociones que modificar el sistema.
¡Claro! Necesitamos discutir con urgencia la neutralidad en la red, sin duda. Pero hacerlo sin considerar la realidad social del país, caramba, es una irresponsabilidad. El problema de fondo no son las empresas que ofrecen zero rating, sino la falta de una política pública robusta que conecte a los desconectados. La solución no puede ser impedir que los más pobres accedan a servicios básicos a través de medios alternativos. Eso no es justicia digital, es elitismo disfrazado de progresismo.
Por último, el comportamiento del colectivo demandante no ha contribuido al diálogo. En lugar de abrir un debate respetuoso, han recurrido a la descalificación, tachando a sus críticos de “bodegueros de Zuckerberg y Slim” (quienes, por cierto, no me pagan) y respondiendo con evasivas como “no sabemos qué va a pasar, esperemos que salgan cosas buenas” cuando ya está tomada una decisión con consecuencias profundas. Además, han eliminado de su sitio web información sobre sus fuentes de financiación, entre las que por lo demás se cuentan empresas competidoras de Meta.
La neutralidad en la red es un principio valioso. Pero su defensa no puede hacerse a costa del derecho al acceso. Una justicia que no entiende las condiciones sociales de los ciudadanos termina siendo injusta. Esta decisión, en lugar de cerrar la brecha digital, puede profundizarla. Y eso es, paradójicamente, lo contrario a lo que se dice buscar.
Más que cualquier celular o computador en la geografía nacional, El Veinte ha demostrado su profunda desconexión con los ciudadanos.
Ánimo.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/santiago-henao-castro/
