La prostitución no es un intercambio de sexo por dinero. Es un sistema de creencias que normaliza que los hombres accedan a las mujeres cuando lo ordene su antojo. Digo mujeres y no “el cuerpo de las mujeres” porque no quiero caer en la falacia que separa a las personas de su materialidad corporal: no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. ¿Es posible pensar en lograr la igualdad entre hombres y mujeres si consideramos aceptable que un hombre pague para tener sexo con una mujer que no lo desea? En tiempos de campañas políticas confeccionadas para Instagram es importante recordar la complejidad de los debates. El de la prostitución es uno urgente para Medellín y Colombia y quiero en esta columna esbozar mi caso a favor de la abolición y en contra de la regulación:

Abogar por la regulación de la prostitución sólo es aceptable cuando se busca dejar intacta la jerarquía patriarcal. El argumento de quienes comulgan con este enfoque es que “hay que hacer algo ya para mejorar la situación de las mujeres que están en la prostitución”. Esta es una postura tan ingenua y conformista como pretender “carnetizar” a las mujeres prostituidas y creer que así se soluciona el problema. Regular la prostitución es sobre todo proteger a los hombres que compran sexo y darles el estatus de clientes en un mercado en el que las mujeres somos solo bienes de consumo.

La alternativa a la regulación no es la prohibición sino la abolición del sistema prostituyente. Abolir la prostitución implica exigirle al Estado que encamine todos sus esfuerzos a sacar a las mujeres prostituidas del sistema con alternativas reales de subsistencia y trabajo digno: a generar las condiciones necesarias para que ninguna mujer tenga que prostituirse para sobrevivir. Para ofrecer estas alternativas lo primero es saber quiénes son y dónde están estas mujeres. Urge en Antioquia y en todo el país un diagnóstico que dé cuenta de la magnitud del problema más allá de la categoría de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). A propósito: quienes están a favor de la regulación distinguen la trata de la prostitución e ignoran que ambas prácticas son parte de un mismo sistema. Si no fuera así, ¿cómo se explica que las mujeres y las niñas que son víctimas del delito de explotación sexual vayan a dar al mismo mercado que pretenden regular?

Además de las obligaciones estatales la abolición implica que todos los sectores sociales se comprometan con la crítica y el desmonte de las creencias patriarcales que normalizan la prostitución. En particular con el cuestionamiento de aquella que considera que los varones tienen necesidades sexuales inevitables y de obligatorio cumplimiento. La educación sexual y afectiva de hombres y mujeres debe estar orientada por los principios de la dignidad y la igualdad. No existe “el derecho al sexo” y los varones deben aprender a relacionarse sexualmente con las mujeres en el marco de la igualdad y el consentimiento no en el de la dominación y el sometimiento.

Quienes pretenden regular la prostitución consideran que estas propuestas son imposibles de realizar y juzgan más sencillo y eficiente construir marcos jurídicos para asimilar la prostitución al trabajo. Si los criterios son la eficiencia y la simplificación es cierto que regular es la salida que mejor se acomoda, pero si el criterio es la garantía de los derechos humanos de las mujeres el proyecto abolicionista es el código con el que deberían diseñarse las políticas públicas. 

La abolición de la prostitución exige amplitud moral e imaginación para alterar las jerarquías existentes y construir una nueva forma de vivir en sociedad. En el debate sobre la prostitución elijo trabajar por lo que parece una utopía que ser cómplice de un sistema criminal. Violar los cuerpos y los derechos de las mujeres no puede ser un sector legítimo de la economía en una democracia que dice respetar los derechos humanos.

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