Se ha vuelto recurrente escuchar en los últimos años la preocupación por la crisis de confianza generalizada, no solo referida a la confianza interpersonal con las consecuencias que ella acarrea para el desarrollo de las sociedades, sino con particular preocupación por la desconfianza en las instituciones públicas y privadas.

Esa pregunta se ha vuelto central en relación con las democracias. Incluso hemos escuchado voces recientes que afirman que la pérdida de confianza en esos sistemas de gobierno, es el camino para el crecimiento de la crisis de representatividad, y por esa vía, para la muerte de las democracias como las conocemos actualmente.

Los datos publicados por el Latinobarómetro de 2021, confirman muchas de esas preocupaciones. El 70% de los encuestados en la región, afirmó estar insatisfecho con la calidad de su democracia, y solo el 6% dijo reconocerse en una democracia plena. De esa manera América Latina sigue siendo la región con mayores niveles de insatisfacción con sus sistemas democráticos, si se comparan los resultados de otros instrumentos de medición como la Encuesta Mundial de Valores en otras regiones del mundo.

La crisis de confianza en las instituciones públicas se sigue profundizando, y ya es generalizada en la región en relación con instituciones clave para el funcionamiento de las democracias como los Congresos, los particos políticos, el poder judicial o los cuerpos de Policía, como mediciones que van entre el 13% y el 36% de confianza en su gestión. Y concluye el informe que, en promedio, “en América Latina se registran veinte puntos porcentuales menos de confianza en las instituciones elegidas por voto popular que en Asia, África, los países árabes y Eurasia”.

El caso colombiano es especial. Solo el 46% de los colombianos expresó su apoyo a la democracia como un sistema preferible a cualquier otra forma de gobierno, un dato llamativamente bajo si comparamos con los niveles alcanzados en Uruguay o Venezuela donde el 74% y el 69% respectivamente respondieron en favor del modelo democrático. Y a la pregunta por si sería preferible un modelo autoritario en lugar de la democracia, el 11% de los encuestados en Colombia respondió positivamente. Las cifras de confianza en el país siguen decreciendo, y las cada vez más frecuentes movilizaciones sociales que, si bien son expresiones democráticas, demuestran el descontento generalizado con su funcionamiento.

Mientras las instituciones no se hagan cargo de las nuevas demandas ciudadanas, estaremos lejos de acercarnos a ese propósito. Si personajes como el senador Florez justifican sus actuaciones, o la justicia no responda de manera ejemplar ante casos como el ocurrido con la Policía Nacional en Sucre, seguiremos en este mismo rumbo. Mientras las instituciones privadas supongan que los problemas públicos no hacen parte sus agendas, o guarden silencio en relación con la gestión corrupta de un gobernante local, no habrá rumbo de cambio. Mientras como ciudadanos no participemos activamente más allá de los procesos electorales para ejercer control sobre el gobierno, no estaremos a la altura de un reto que hoy puede estar poniendo en juego algo que nos costaría mucho recuperar y que todavía no nos damos cuenta que se nos pierde: la democracia.