En un discurso alimentado por alrededor de ocho años desde la carrera presidencial para las elecciones de 2018 (o mucho más), Gustavo Petro afirmó una y otra vez que en Colombia no había democracia.

Por mucho tiempo presenciamos cómo su respuesta ante acciones del gobierno y organismos de control era la seria acusación de que en Colombia no había gobierno de todos. Para la campaña de 2022 matizó mínimamente su narrativa y llegó a afirmar que su competencia era la de la democracia contra el fascismo.

Pues bien, si desde su victoria el año pasado por fin hay democracia en Colombia, no se entiende el afán del presidente por poner en manos propias tantas decisiones como le sean posibles, ni tampoco el fuego amigo de sus opiniones contra las altas cortes y los entes de control.

Esta semana se conoció el borrador de un decreto que establece que todas las vigencias futuras y traslados presupuestales en entidades el orden ejecutivo deben ser autorizadas por la Presidencia. Con esto, el presidente se convertiría en jugador preferente en la ordenación del gasto desde el nivel local hasta el nacional. No estamos hablando de cifras menores, de hecho, la figura de las vigencias suele usarse para financiar proyectos de gran envergadura y los traslados son una herramienta útil a la hora de garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo.

Por el mismo tiempo y de forma silenciosa se dio a conocer el nuevo borrador del proyecto de reforma a los servicios públicos que próximamente tramitará el Gobierno Nacional. Al igual que las otras reformas del gobierno, aunque aspira impulsar el desarrollo, viene cargada de veneno. Con esta nueva ley el Presidente pretende reemplazar las funciones reguladoras de la CREG, según el texto, el Minminas podría proponer de manera alternativa proyectos de regulación para ser adoptados de forma preferente a las recomendaciones de la Comisión de Regulación.

Semejante orangután no sorprende luego del asedio del presidente a la Comisión el año pasado. De adoptarse, sentaría un precedente perverso para los siguientes años de gobierno. ¿Pretende Petro cambiar el andamiaje institucional de cada área del Estado que no funciona según sus caprichos?

¿Habremos de esperar entonces una reforma a la justicia que de mayor poder al presidente sobre las altas cortes? ¿O una reforma que garantice que la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría jueguen en el mismo equipo que el gobierno central? ¿Para cuando la reforma que mine completamente la independencia del Banco de la República?

Nuestras instituciones no son perfectas, de hecho, la mano negra del ejecutivo ya tiene más que suficiente preponderancia en la organización del sistema de justicia y las entidades descentralizadas. Entonces, qué más quiere el presidente.

Sí, con Petro llegó nuevamente la democracia a Colombia o mejor, la tiranía de las mayorías. Ganar nunca fue un reto para progresar, ganar para ellos fue una carta blanca, un comodín, mejor dicho, democracia es todo aquello que Petro firme y afirme.

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