Hace unos meses, emergió una de esas curiosidades que se nos salen de las manos, nacida de una observación sobre una de las realidades obvias de ser colombiano. Escribí una columna de opinión en este mismo portal sobre la omnipresencia de la seguridad privada en nuestras vidas. Argumenté que la seguridad es un bien básico, necesario para el progreso de cualquier sociedad, y que la nuestra, por la debilidad de su Estado, su pasado y presente violento, y muchísimos factores más (imposibles de listar), había empezado, desde mediados del siglo pasado, a delegarle gran parte de la seguridad a grupos fuera del Estado.
Llámelos grupos paramilitares, autodefensas o, en su figura formal –y legal–, empresas de seguridad privada; en Colombia, estas instituciones llevan más de medio siglo jugando un rol en la seguridad de los ciudadanos de todo el territorio. Nuestro Estado, que supone tener el monopolio de la violencia, jamás ha sido un monopolista efectivo. En cambio, la violencia en nuestro país se ha parecido mucho más a un oligopolio que a su formato unicéfalo. Por ello, y afortunadamente, nació en 1994 la regulación de las entidades que buscaban prestar servicios de seguridad al mercado. Se creó una Superintendencia para su vigilancia y regulación, y se abrió el mercado a empresas privadas.
En este artículo quiero plantear varias cosas que la columna previa no pudo hacer. Primero, vale la pena dar una mirada más profunda a varias consecuencias de permitir que haya crecido un mercado privado del tamaño que tenemos alrededor de la seguridad privada. Las consecuencias no solo son económicas, sino también políticas y, en mi opinión, también morales. Segundo, quiero hacer una previsión hacia lo que podría pasar mirando hacia nuestro futuro con estas industrias y cómo se están integrando en nuestro tejido social, algo incompatible con nuestro deseo de llegar a ser una sociedad donde la seguridad sea un bien público.
Seguridad como bien público: el ideal y sus contradicciones
Creo que no es difícil pensar que, en cualquier sociedad (desde un punto de vista moral, de aquel que define “la buena vida”), es deseable que la seguridad se entienda como un bien público. Los bienes públicos son, –y todo este argumento lo expandieron robustamente Santiago García y Andrés Macías en una columna para la Silla Vacía– “no exclusivos y no rivales en su consumo”. Es decir, todos pueden acceder a él, y que yo lo use no significa que alguien tendrá que disfrutarlo menos. La seguridad, en el mundo ideal, se acomoda fácilmente a esta definición, y pienso que casi todos estaríamos de acuerdo con que una sociedad debe aspirar a que sea un bien que se reparta de esta forma.
En la práctica, los bienes públicos son casi imposibles de alcanzar conforme a aquella definición puritana. Creo que quizás ninguna sociedad ha llegado a aquel ideal utópico. Y es quizás por buenas razones. Para que la seguridad sea permanente, omnipresente y absoluta, se tendrían que sacrificar otros bienes importantes como la privacidad y, en el sentido amplio de la palabra, la libertad. Un ejemplo contemporáneo de la erosión de otros derechos en nombre de la seguridad como bien público es el de El Salvador bajo el mandato de Bukele. Se sacrifica el Estado de Derecho, el sistema de justicia, los derechos humanos, pero se logra la destrucción de las organizaciones criminales; se reduce la tasa de homicidio, hurto, extorsión, etc., gracias al uso ilimitado de la violencia y la fuerza del Estado.
¿Es esto deseable? Para mí, no. La lucha por construir un Estado de Derecho, representativo y con organismos de control, es muchísimo más ardua y larga que la de la construcción de políticas de seguridad efectivas. La pérdida de la democracia, han probado los autócratas promulgadores de la seguridad, retrasa muchísimo otras características de una sociedad por décadas. Todo, mientras la seguridad que proveen sus regímenes es temporal y la violencia, para mantener aquel control absoluto, se traslada de las bandas callejeras a los corredores oficiales. Basta recordar a Daniel Ortega, Nayib Bukele, Rafael Trujillo, Jorge Videla, Augusto Pinochet para ver ejemplos de esto en acción.
Pero volvamos a la seguridad privada y cómo se relaciona con todo esto. La delegación de capacidad –y responsabilidad– del Estado al mercado para la seguridad es inevitable cuando fracasa. La seguridad, como bien básico, provoca una demanda extrema y, consecuentemente, la oferta de servicios para alcanzarla. Ignorar este hecho, en un país como el nuestro, sería ciego y traía más problemas que soluciones. Entonces, la realidad es que necesitamos marcos regulatorios para el préstamo de servicios de seguridad privados. Sí, es un hecho irrefutable y que existe en nuestra sociedad (y muchas otras).
Pero la pregunta siguiente es, ¿qué servicios deberían poder prestar? Por ejemplo, ¿deberíamos delegar al sector privado la lucha contra bandas criminales en las urbes?, ¿deberíamos permitir que ejércitos privados colaboren con el Estado en la lucha contra el narcotráfico?, ¿deberían ser agentes privados quienes protejan a ciudadanos importantes? Todas son preguntas necesarias con respuestas complejas. Para mí, toda decisión aquí va más allá de un cálculo económico o de eficacia en reducir indicadores de seguridad. Todas tienen implicaciones en cómo entendemos el monopolio de la violencia en el país y afectan nuestro camino –y si llegamos a aquel destino– de la seguridad como bien público.
Respondiendo esas preguntas: en Colombia, el Sector Público ha permitido el uso de la información de empresas de seguridad privadas para el combate contra crimenes urbanos, ha contratado a contratistas (por no decir mercenarios) extranjeros en la lucha contra el narcotráfico y la UNP contrata a empresas de seguridad privadas para el asignación de escoltas a las personas protegidas bajo su marco.En la práctica se ha llegado a un punto medio. El gobierno sabe la importancia de retener, en la mayor parte, el monopolio de la violencia. Es decir, cuando se entregan poderes de usar armas, ese poder es entregado y reversible bajo el Estado.
Si delegáramos totalmente al sector privado, con esa mítica capacidad de la descentralización y el uso de procesos darwinianos de selección para combatir el crimen, entenderíamos que nuestra sociedad no concibe la violencia –y por ende la seguridad– como un mecanismo exclusivo para instituciones representativas, democráticas y controladas por organismos terceros, sino que es, en cambio, un mecanismo mercantil, que solo se entregará al mejor postor. La seguridad depende de los bolsillos: casi que quien no pueda pagarla, no la merece.
Mercado, valores y el riesgo de erosión moral
Michael Sandel, en su libro “Lo que el dinero no puede comprar”, advierte sobre el peligro de introducir mecanismos de mercado en nuevos ámbitos, en este caso el de la seguridad (llevado al extremo, ya matizaré mi argumento). Al introducir dinámicas mercantiles, se erosionan irreversiblemente valores morales que existían en aquellos campos.
Un ejemplo quizás menos fundamental que la seguridad es el nombramiento de estadios deportivos en Estados Unidos y, en la última década, en Europa. En el siglo XX, los estadios llevaban exclusivamente nombres de figuras míticas de la sociedad donde quedaban o del equipo que albergaban. Fue al final del siglo que se empezaron a introducir “derechos de denominación”, donde los equipos decidían vender el nombre de su arena a un patrocinador. Hoy, los valores morales de nombrar los estadios en honor a leyendas deportivas jamás regresarán. En cambio, los suplantaron contratos que ya llegaron a costar $700 millones de dólares para que el equipo juegue en el “Crypto.com Arena”.
Entonces, hay que tener cuidado con la introducción de dinámicas mercantiles en la sociedad. ¿Queremos entender la seguridad como un bien que se compra, y no que se reparte? Hoy, a pesar de que creo que no ha llegado a entenderse así, creo que Colombia va en una senda donde la seguridad cada vez se instaurará más como un bien mercantil, sobre todo en las ciudades.
La delegación de servicios de seguridad, sobre todo en los condominios residenciales y centros comerciales (lugares de vivienda y ocio más comunes en el país), está enroscando en un servicio privado nuestro entendimiento y organización alrededor de la seguridad. Por ejemplo, ¿hay un futuro donde ningún edificio del país no tenga portería, ronderos de 24 horas? ¿Tendremos algún día callejones públicos más frecuentados que los centros comerciales como centros de actividad comercial? Probablemente no en un futuro cercano. Y creo que hay varias fuerzas alejándonos de la realidad de una menor dependencia en servicios de seguridad privada.
Primero, hay un enrosque por el sector económico que presta estos servicios. En el eterno juego de crecimiento infinito del capitalismo, esas empresas que ya emplean a más de 400.000 oficiales privados armados en el país y componen un 1,76 % del PIB del país, no van a querer ceder su lugar. Cada vez ofrecerán más servicios, más costosos, y serán caracterizados como más necesarios para la convivencia pacífica en cualquier punto de encuentro de nuestra sociedad.
Segundo, el fracaso del Estado. La creciente criminalidad en las urbes, el agravamiento del conflicto armado en la ruralidad, el eterno pozo de oro del narcotráfico que sigue financiando combos, bandas, clanes y guerrillas y no tiene un fin cercano, no invita a que ningún ciudadano no desee invertir en la seguridad de su vida y sus bienes privados. La ausencia de presencia estatal es una realidad para millones de personas en nuestro país; se estima que unas 9 millones de personas viven en zonas de conflicto. El día que se acabe –si se acaba–, todavía faltará mucho para que las víctimas del conflicto confíen en aquel Estado que se demoró décadas en protegerlas.
Tercero, nuestro diseño urbano. Esparcido, sin planeación y aún creciente, y con un 79 % de la población viviendo en urbes, será difícil reescribir nuestro diseño urbano si se acaba el problema de inseguridad. Hoy priman los vehículos particulares por la seguridad que dan. Diseñamos nuestras ciudades, barrios, viviendas y comercios suponiendo una inseguridad eterna. Cambiarlo será difícil.
Entonces, aunque no creo que la seguridad en Colombia se entienda como un bien privado culturalmente, se sabe en la práctica que la seguridad solo puede ser correctamente asegurada por compañías privadas y que el Estado continuará siendo ineficaz en entregarla. Y, quizás lo más preocupante, es que aunque no se inculque en los valores de nuestra sociedad esta inseguridad eterna combatible solo a través de medios privados, sí se ha colado en nuestro diseño urbano y ha construido un sector económico gigante que buscará mantener su importancia y, sin duda, su rentabilidad. Es un tema mucho más amplio. La seguridad, además, toca todos los sectores de la sociedad. De ella depende la tranquilidad y el buen vivir, la justicia, la legitimidad del Estado, la inversión extranjera, la inmigración y más. Ha sido una lucha eterna, que aunque no hemos perdido todavía, tampoco estamos cerca de ganar. Mecanismos privados han nacido para tratar de subsanar el dolor, pero sin causar un millar de consecuencias adicionales (aunque no me atrevería a decir ni quiero dar por entendido que me parece que sean indeseables en la realidad actual de nuestro país). Estas son apenas unas consideraciones, ojalá interdisciplinarias, ojalá con algo de consideraciones económicas pero mirando más allá de este complejo problema. Lo que sé, es que es una discusión importante, para evitarnos el problema de un país donde para siempre el derecho a vivir sin miedo dependa de una factura mensual.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-felipe-gaviria/
