Se acerca el cierre del año escolar, los estudiantes cuentan los días para el descanso, los maestros archivan sus planillas y las familias se preparan para reencontrarse. Pero detrás de esa imagen festiva hay una realidad menos visible: miles de niñas, niños y adolescentes (NNA), llegan a las vacaciones con una carga emocional que no desaparece con el timbre de salida. Para muchos, el final de clases no significa alivio, sino incertidumbre. Cuando la escuela se apaga, también se apaga -en muchos casos- la única voz que escucha, el único adulto que acompaña, el único espacio donde alguien pregunta cómo están.
Según UNICEF Colombia (2023), cuatro de cada diez menores presentan signos de afectación en su salud mental. A esto se suma un dato estremecedor: entre 2019 y 2023, el Instituto Nacional de Salud registró más de 51.000 intentos de suicidio en personas de 5 a 17 años y 1.601 casos consumados. Es decir, cada mes, en promedio, 190 niñas, niños y adolescentes se quitaron la vida. No son números: son nombres, son historias que se pudieron salvar.
La salud mental infantil no puede seguir tratándose como un asunto privado o pasajero. Es un problema estructural que atraviesa familias, escuelas y Estado. Tres actores que deberían cuidarse mutuamente, pero que hoy operan en paralelo. Al parecer, la familia carga con la culpa, la escuela con la sobrecarga y el Estado con la ausencia.
En muchos colegios, la figura del orientador o psicólogo escolar es simbólica: una persona para cientos de estudiantes, sin recursos ni tiempo real de atención. Mientras tanto, los docentes, ya saturados por las exigencias académicas, se convierten en especialistas improvisados. Escuchan, contienen, acompañan, pero sin formación ni apoyo. Enseñan, sí, pero también sostienen. Y lo hacen en un entorno que cada vez exige más empatía, pero ofrece menos respaldo.
La escuela, que debería ser un refugio, también refleja las heridas del país. Según el Ministerio de Educación Nacional, entre 2020 y 2025 se han reportado más de 11.000 casos de acoso, ciberacoso y agresión escolar. No son simples conflictos estudiantiles, sino síntomas de una convivencia fracturada. Las violencias que marcan al país -la intolerancia, la desigualdad, el miedo- entran por los salones y moldean la conducta de una generación que crece mirando cómo la agresión se normaliza.
Todo esto ocurre en un contexto donde la salud mental no tiene aún el lugar que merece en la política pública. En el país, los programas escolares dedicados a la prevención y acompañamiento emocional siguen siendo escasos y, en muchos municipios, inexistentes. Las campañas oficiales suelen limitarse a conmemoraciones, no a acciones sostenidas. Y mientras tanto, los indicadores de depresión, ansiedad y conducta suicida entre menores de edad crecen año tras año.
Ahora que los NNA estarán más tiempo en casa, las vacaciones no deberían ser un paréntesis de la preocupación, sino una extensión del cuidado. La familia tiene la posibilidad y la responsabilidad de observar, escuchar y acompañar. No se trata de llenar el tiempo con actividades, sino de abrir espacios de conversación y afecto. De preguntar sin miedo, de estar sin prisa. A veces, un gesto de presencia vale más que un diagnóstico.
El cierre del año escolar debería convertirse en un acto pedagógico de cuidado, no solo en un trámite administrativo. Espacios para la palabra, para reconocer los esfuerzos y los silencios; momentos para agradecer, pero también para sanar. La educación no termina con la última clase: se completa cuando la escuela se permite mirar a sus estudiantes como personas y no como promedios.
Colombia necesita un plan nacional de salud mental escolar más fuerte, articulado entre los ministerios de Educación y Salud, con presupuesto real y presencia territorial. Un plan que fortalezca la formación docente, garantice profesionales en cada institución y asegure rutas efectivas de atención. La prevención no es un gesto de buena voluntad: es política pública y una deuda urgente con la infancia. Las cifras son dolorosas, pero el silencio es aterrador. Si cada mes casi doscientos niños pierden la vida por causas evitables, no hablamos de estadísticas, sino de un fracaso colectivo. En un país que ha hecho de la violencia una rutina, proteger la salud mental de los más jóvenes es un acto de resistencia y de esperanza. Porque si no somos capaces de ofrecerles un descanso seguro, el año que termina no habrá enseñado nada, y el próximo empezará con la misma herida abierta.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-carlos-ramirez/
