En este país nos hemos acostumbrado a ver cómo la corrupción, la viveza y la manipulación institucional se pasean sin pudor por las estructuras del Estado. Lo damos por hecho, lo vemos como paisaje, y aun así –cada tanto– ocurre algo que nos recuerda que el deterioro institucional no tiene fondo. Esta vez, el episodio corre por cuenta del partido En Marcha y de su dirigente, Juan Fernando Cristo, quien parece haber encontrado en la justicia un trampolín político más que un contrapeso constitucional.
Fui la demandante en el proceso que culminó con la nulidad del reconocimiento de En Marcha. Y lo gané porque era evidente: los actos administrativos que lo declararon partido estaban viciados. La Sección Quinta del Consejo de Estado concluyó, con pruebas irrefutables, que la agrupación no cumplía los requisitos legales para ser reconocida como tal. Hasta ahí, el sistema funcionó: un partido no apto fue anulado.
Pero vino la segunda vuelta de esta de la estratagema politiquera que se pensó Cristo. Tras la sentencia, los dirigentes de En Marcha interpusieron una tutela alegando una supuesta vulneración al debido proceso. La tutela llegó a la Corte Constitucional, que ordenó al Consejo de Estado volver a fallar, observando los derechos que Cristo decía tener conculcados. El Consejo de Estado, en estricta coherencia, reiteró: En Marcha no es un partido. No cumplió, no cumple y no puede cumplir los requisitos que la ley exige.
La respuesta de Cristo fue anunciar un incidente de desacato, politizando la decisión de la corte de cierre en materia electoral. Lo que él no pudo ganar en derecho, intentó torcerlo con discurso. Lo que no pudo consolidar con pruebas, quiso empujarlo con presión mediática.
Y aquí viene lo más revelador: hace unos días, los medios anunciaron que la Corte Constitucional “revivió a En Marcha”. Aún no hay un fallo público. No hay explicación. No hay providencia. No hay ni siquiera un comunicado de prensa oficial de la Corte Constitucional. Solo hay titulares, y un politiquero anunciando su dizque candidatura presidencial celebrando la resurrección de un parapeto jurídico.
Mientras un ciudadano del común puede esperar años para que la Corte Constitucional revise una tutela, Cristo logró lo impensable en tiempo récord. ¿Coincidencia? ¿Eficiencia selectiva? ¿O simplemente influencia? La pregunta es retórica.
Este episodio demuestra, una vez más, que en Colombia la justicia no siempre se mueve al ritmo de la Constitución, sino al ritmo de quienes la saben doblar. Y Juan Fernando Cristo es experto en eso: en insistir, presionar, insistir de nuevo, agotar al sistema y vestir de legalidad decisiones que no superan el más mínimo estándar democrático. No le bastaron dos fallos del Consejo de Estado confirmando que En Marcha no es un partido legal. No le bastó que la misma Sección Quinta calificara el acto que lo reconoció como una “aparatosa construcción hermenéutica” del CNE. Él quiere que su partido exista, así no cumpla la ley. Y quiere que su nombre aparezca en el tarjetón presidencial, así sea a punta de doblegar instituciones.
El sistema de partidos en Colombia está enfermo. La permisividad del Consejo Nacional Electoral, organismo que debería garantizar rigor y transparencia, ha permitido que florezcan proyectos sin soporte legal, sin representatividad real y sin control. Esa laxitud institucional es la que habilita que politiqueros de vieja data manipulen procesos, presionen cortes y crean que todo es negociable.
En Marcha no es un partido político. Es el símbolo de cómo se ha degradado el sistema, de cómo se interpreta la ley según conveniencia, de cómo las cortes son manoseadas a punta de poder. Y es también un recordatorio de que hay políticos que ya cumplieron su ciclo y deben salir de la vida pública.
Juan Fernando Cristo es uno de ellos.
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