La despenalización total del aborto, la cual apoyo plenamente, está de nuevo en vilo en Colombia. El futuro de la libertad reproductiva de las mujeres del país depende, literalmente, de un par de conjueces. Espero que esta historia termine, por fin, en un fallo que nos permite dejar de tratar al aborto como un delito, con toda la crueldad punitiva que ello implica, para abordarlo como un asunto de salud pública. Pero más allá de mi posición personal en la materia, quiero aprovechar para hacer una reflexión sobre las luchas políticas progresistas en Colombia.

En las últimas décadas los sectores progresistas del país han confiado demasiado en las capacidades y voluntad de la Corte Constitucional como instrumento de cambio social, por lo cual la han tratado como escenario privilegiado de lucha social y política. Esto es apenas entendible, pues otros espacios institucionales de lucha relevantes, como el Congreso de la República, han sido de difícil acceso. La Corte ha sido la principal institución del Estado colombiano que se ha mostrado dispuesta a atender y escuchar las demandas de mujeres, personas con orientación sexual diversa, minorías étnicas, entre otras, y esto, de manera entendible, la ha convertido en un foco atractivo para las causas progresistas.

Pero hay que tener cuidado, pues la Corte, al igual que todas las instituciones, está compuesta por personas, y las personas que la integran cambian. Hoy puede haber aliados, mañana no se sabe. No es lo mismo la Corte de Ciro Angarita, Eduardo Cifuentes, Carlos Gaviria, María Victoria Calle, que la Corte de hoy. Y ojo, esto no es una crítica a la Corte actual, que ha tomado decisiones valerosas, como el freno reciente a la fumigación con glifosato, sino un simple recordatorio de que, parafraseando a James Madison, las personas no son ángeles y, en consecuencia, las instituciones que ellas ocupan son falibles.

Soy consciente de que la Corte, en tanto órgano judicial, tiene una serie de reglas de juego que le imprimen cierta inercia institucional a su accionar y que impiden que nuevos magistrados simplemente arrasen con lo anterior. Los precedentes jurisprudenciales vinculantes son el mejor ejemplo de ello. Pero los precedentes son construcciones humanas que, en cuanto tales, pueden ser cambiados por acciones dirigidas a ello y sostenidas en el tiempo. El caso de Estados Unidos es emblemático: casi 50 años después del histórico fallo Roe vs. Wade, que protegió el derecho al aborto a nivel nacional, el precedente que este sentó tambalea ante la toma hostil de buena parte de la Corte Suprema de Justicia por el Partido Republicano.

Las luchas políticas por el sentido del derecho que se han librado en la Corte Constitucional colombiana han sido fundamentales para el país, eso es innegable. Y también lo es que la Corte ha sido una aliada fundamental del cambio social. Pero los repertorios de lucha social deben ampliarse más allá de la esfera judicial, no solo por los riesgos que implica poner todos los huevos en una misma canasta, sino por lo inconveniente que es sobrecargar a un órgano judicial con un exceso de demandas de cambio político.

La democracia no es exclusivamente el gobierno por mayorías, pero ese es su componente más importante y definitorio. Y, consecuentemente, las demandas de cambio deberían canalizarse idealmente hacia los organismos mayoritarios de carácter democrático-representativo, como el Congreso, y no a instituciones contramayoritarias y con poca legitimidad democrática, como la Corte. De lo contrario, esta puede terminar siendo receptora de una serie de aspiraciones legítimas a la que es necesario responder, pero frente a las cuales una entidad judicial poco puede hacer. Y eso, en el largo plazo, puede terminar minando su legitimidad como guardiana de la Constitución. Sé que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero eso no lo hace menos cierto.