El presidente Gustavo Petro, el 19 de julio, objetó el proyecto de Ley No. 100 de 2022 en la Cámara y No. 140 en el Senado: “Por medio de la cual se institucionaliza el día sin IVA como Política de Estado para proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular la economía colombiana”. Este proyecto de Ley buscaba que el gobierno nacional pudiera decretar hasta tres días al año, para que diversos bienes y servicios estuvieran exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como se decretaron durante el gobierno de Iván Duque. Las razones que expuso el jefe de estado son la inconstitucionalidad y la inconveniencia.  

Quienes han leído mis columnas saben que no comparto la política del presidente Petro y su gobierno. En muchos temas me declaro independiente y en muchos otros en oposición, sin embargo, como un demócrata liberal, estoy abierto a ser crítico de mis propias posiciones y a encontrar aspectos en los cuales estar de acuerdo con quien generalmente estoy en desacuerdo. Y este es uno de esos temas. Estoy de acuerdo con Gustavo Petro en objetar el proyecto de Ley para institucionalizar los días sin IVA.

Pero ¿qué es el IVA? El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tributo que grava el consumo, es decir, que lo paga el consumidor. El gravamen entonces recae sobre la venta, es decir, el valor a pagar se obtiene a partir del precio final de los productos o servicios, por eso se paga al momento de realizar la compra. Así, en algunos lugares, de forma ilegal, al momento de la venta preguntan: “¿con o sin factura?”. Con factura, el producto o servicio cuesta 19% más, es decir, una quinta parte del precio final, y 5% en el caso de algunos bienes y servicios a los cuales se les aplica una tarifa diferencial.

¿Y para qué carajos sirven los impuestos? Para financiar el funcionamiento del estado: pagar el salario de los policías y militares, de los docentes, del personal médico y de enfermería, a los agentes aduaneros; construir autopistas, aeropuertos, colegios, hospitales, acueductos, alcantarillados; operar programas de atención a la primera infancia, a las poblaciones vulneradas y vulnerables, a la tercera edad; emitir el registro civil, tarjetas de identidad y pasaportes, etc, etc. y un larguísimo etc. de gastos que tiene el estado para funcionar y que, gustele o no a los nuevos liberales o libertarios como les gusta llamarse ahora, tienen que realizarse para que una sociedad democrática y “liberal” pueda funcionar. Sin el estado ¿cómo se va a garantizar la existencia de un cuerpo policial y militar además de un aparato de justicia que se encargue de garantizar la existencia de la propiedad privada que es la base del liberalismo político y económico?

Los aprendices de las nuevas ideas liberales alaban toda iniciativa que pretenda disminuir el tamaño del estado y ampliar al ámbito del mercado, como en este caso. El día sin IVA provoca una exención de este impuesto y por tanto un menor recaudo por parte del estado que, generalmente, utiliza ese dinero para su funcionamiento. Y en ese sentido, por causa de esa exención, los comerciantes aumentan las ventas, incrementando el tamaño del mercado de los servicios y productos exentos, muchos (si no es la mayoría) de éstos últimos importados, y que por tanto no generaron valor en el país durante su proceso de producción.

Estoy de acuerdo con el gobierno Petro en qué ese proyecto de Ley es inconstitucional. El artículo 154 de la Constitución dice: “solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes (…) que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales”. Y este proyecto que decreta una exención del IVA no es de iniciativa gubernamental.

Y también es inconveniente porque afecta las finanzas del estado. En Colombia, la corrupción le cuesta al erario alrededor de 50 billones de pesos al año. Sin embargo, la evasión y la elusión de impuestos le cuesta cerca de $65 billones anuales (entre $50 y $80 billones). Y para sumar a estas cifras, se estima que en los días sin IVA el estado dejaría de recaudar alrededor de 500.000 millones de pesos, medio billón.

La oposición en el Congreso, que desde el Centro Democrático proyectó la Ley que institucionaliza los días sin IVA, ha salido en las últimas semanas, con razón, a criticar la caída en el recaudo tributario en el primer semestre del año, lo cual obliga a hacer un recorte en el gasto del estado, debido a un desfase de 10 billones para el final del año, según un informe del Banco de Bogotá: “El informe basado en un reporte de la Contraloría advirtió que el recaudo en el primer semestre fue de $129 billones; es decir, $12 billones por debajo de la meta del Gobierno y 19,8% menos frente a 2023” (La República). ¿Vamos a legalizar una exención de impuestos, inconstitucional, que en este momento afecta aún más, de lo que ya están deterioradas las finanzas de la nación?

El ex director de la DIAN y fundador y gerente de Cifras & Conceptos, César Caballero, lo expresó también de esta forma: “No me gusta la iniciativa de los días sin IVA. En esencia envían un pésimo mensaje para la cultura tributaria del país”. Y el economista, abogado, ex ministro Juan Camilo Restrepo también lo dijo en estos términos: “Los días sin IVA tienen un altísimo costo fiscal y como gran parte de la exención del IVA termina favoreciendo productos importados, su capacidad reactivadora es mínima. Además: revivir los días sin IVA en un momento en el que, según informe de la contraloría ayer, los recaudos fiscales están desplomados y en un nivel inferior al de antes de la pandemia no pasa de ser un sin sentido”.

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