La extorsión lleva décadas instalada en Colombia. No es un fenómeno nuevo ni el resultado de un gobierno en particular. Lo que sí ha cambiado es lo que sabemos sobre ella y la distancia entre ese conocimiento y lo que los candidatos presidenciales proponen para enfrentarla.
Durante años, la discusión pública sobre la extorsión giró en torno a los grandes casos: el empresario secuestrado, el ganadero amenazado, la multinacional que paga para operar. Esa imagen persiste en el debate político. Pero las investigaciones de Valor Público de la Universidad EAFIT han documentado una cara distinta: una extorsión que opera a escala micro, semana a semana, en montos tan pequeños que muchas veces no parece extorsión.
El carnicero del barrio, el conductor de la ruta de buses, la familia que llegó a vivir a una cuadra controlada por un grupo delincuencial. Montos mínimos, cobros regulares y, a cambio de eso, algo que el Estado no provee con la misma confiabilidad: orden, resolución de conflictos, seguridad inmediata. Esa es la lógica de la gobernanza criminal y la extorsión es su instrumento financiero más eficiente.
Lo que hace peligroso ese modelo no es solo el dinero que extrae. Es lo que construye con él. Los grupos que cobran «vacuna» en un barrio no están simplemente robando: están administrando un territorio. Deciden quién entra, quién opera, quién puede abrir un negocio. Y esa administración, financiada por la extorsión cotidiana, compite directamente con la legitimidad del Estado en los barrios de ingresos bajos y medios de diversas ciudades colombianas.
Las propuestas de campaña no están a la altura de ese diagnóstico. Duplicar los Gaula, aumentar el pie de fuerza, reactivar la fumigación, cerrar mesas de negociación… todo eso puede tener sentido como parte de una estrategia, pero ninguno de esos instrumentos desmonta la estructura financiera que hace sostenible al crimen organizado. Para eso se necesitan inteligencia financiera, cooperación judicial, capacidad para rastrear flujos de dinero y desmantelar redes de lavado. La Fundación Ideas para la Paz lo ha advertido con claridad: el riesgo es confundir la acumulación de resultados operacionales con una transformación estructural del problema. Más operativos no equivalen a menos extorsión si la arquitectura financiera del crimen permanece intacta.
El próximo gobierno recibirá ese mapa. No como herencia coyuntural sino como problema estructural que lleva varias administraciones creciendo sin que ninguna haya logrado atacar su raíz. La pregunta que debería estar en los debates no es cuántos policías se contratarán. Es cuántos fiscales especializados, cuántos analistas financieros y cuánta cooperación judicial real se van a construir para ir tras el dinero. El crimen organizado en Colombia ya aprendió a sobrevivir a los operativos. Lo que todavía no ha enfrentado es un Estado que le cierre el grifo.
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