La distancia que separa a Bogotá de las fronteras colombianas ha marcado la profunda desatención y el desamparo que experimentan muchos de esos miles de kilómetros. El reciente episodio binacional entre Colombia y Ecuador por un supuesto bombardeo ecuatoriano pone, una vez más, sobre la mesa la cuestión del alcance estratégico de nuestras fronteras. Y, en especial, pone sobre la mesa por qué esta zona fronteriza tiene relevancia particular para la seguridad nacional. Al menos se pueden enumerar cuatro razones por las cuales los recientes desencuentros Petro-Noboa son sólo una pequeña parte de una situación compleja.
Primero, la proximidad de la zona fronteriza con el océano Pacífico convierte el lugar en un paso clave para la movilidad de drogas ilícitas hacia los mercados globales. No es de extrañarse, entonces, que grupos criminales disputen la zona y busquen controlar rutas, poblaciones y recursos. Sin duda, la presencia criminal se ha aprovechado de los vacíos dejados por el Estado colombiano y de las limitaciones que surgen cuando la coordinación interinstitucional complejiza cualquier respuesta rápida.
Segundo, las economías criminales en la zona de frontera no se mueven únicamente en torno al negocio de la coca. Hace años que en el lugar convergen múltiples economías ilegales. Al ya reconocido narcotráfico se le suman el contrabando de productos y medicinas, el tráfico de personas y la minería ilegal. Toda una amplia gama de rentas ilegales que también atraen a diversos grupos criminales que delinquen de ambos lados de esa frontera altamente porosa.
Del lado colombiano, en los departamentos de Nariño y Putumayo, tienen presencia los Comandos de la Frontera (disidencias de los extintos frentes 32 y 48 de las FARC, lideradas por alias “Mono Tole”), el Frente Carolina Ramírez, el ELN y estructuras asociadas, como “La Constru”, conformada por exintegrantes de las AUC. Del lado ecuatoriano, en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos operan bandas locales como Los Tiguerones y Los Lobos, así como células vinculadas a Los Choneros.
Tercero, Ecuador ha recibido la influencia de lo ocurrido durante décadas en el marco del conflicto armado colombiano. Episodios de violencia transfronteriza, desplazamientos masivos e incluso la expansión de los cultivos de coca son fenómenos que deberían motivar la creación de un observatorio binacional de funcionamiento permanente. Entre otras actividades, un centro de este estilo permitiría monitorear las dinámicas en ambos lados de la frontera, nutrir las respuestas estatales ante los problemas existentes y desplegar alertas tempranas.
Y cuarto, la disputa arancelaria entre Petro y Noboa le ha hecho más daño a las comunidades fronterizas que cualquier bombardeo. Mientras los presidentes se pelean en redes sociales, los problemas de la frontera siguen intactos. Las evidencias han mostrado que las acciones de un solo país no cambian las condiciones estructurales de estas zonas, donde la seguridad es un problema central, pero no es el único: pobreza, conectividad vial, desempleo, informalidad, entre otros.
Renunciar a ver las zonas fronterizas como periferias alejadas debe ser una prioridad del próximo gobierno nacional. En esos puntos se juega la soberanía nacional y el desarrollo social y económico de decenas de comunidades. En particular, la zona fronteriza con Ecuador desafía la capacidad del Estado colombiano para ejercer un control efectivo sobre un territorio que arde permanentemente. ¿Cuántos episodios como el de marzo necesita la frontera con Ecuador para que Bogotá deje de considerarla un problema ajeno?
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