Es conocida la frase de Julio César Turbay, que causa bastante desconsuelo: “tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Yo, en cambio, creo que “tenemos que ampliar la justicia a sus justas proporciones”.

Empiezo por advertir que no soy jurista, soy, escasamente, un politólogo. Ahora bien, el escándalo de corrupción alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) me ha hecho retomar una idea. Es un lugar común afirmar que el principal problema de Colombia es la corrupción, y con mayor razón en el contexto que está atravesando el país en este momento. Yo estoy de acuerdo en la gravedad de ese fenómeno, pero no comparto que sea considerada la problemática más importante.

Más allá de la corrupción, que es gravísima, concentrar en este fenómeno, que se extiende a todos las sociedades, las causas de las principales dificultades que aquejan al país, es limitar la mirada a la expresión del fenómeno, pero no ser capaz de ampliar la visión a otros ámbitos más grandes en los que se desenvuelve la corrupción. Me refiero al campo de la justicia. Para mi, el principal problema que tiene Colombia, a gran escala, es el tamaño y la calidad de la justicia, que agravan la crisis que hace años está sobrediagnosticada, y de lo cual se derivan las dificultades que tiene el país para enfrentar la corrupción, el narcotráfico, la pobreza, etc.

Desde el colegio nos enseñan que el estado de derecho moderno se separa en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sobre el tamaño del ejecutivo y en general del estado, hay bastante discusiones entre la izquierda y la derecha, y sobre eso ya profundicé en una columna anterior (Neoliberalismo político: https://noapto.co/neoliberalismo-politico/). Respecto al tamaño del legislativo, cada tanto se presentan propuestas para reducir el número de congresistas, pero más allá del alto salario que devengan, que debe disminuir considerablemente, no creo que sea determinante reducir el tamaño del congreso en un país que, de todas formas, es bastante diverso, y eso debe reflejarse en la composición de este órgano de representación. Sin embargo, el tamaño de la justicia es, desde mi perspectiva como ciudadano, muy pequeño en comparación con las dimensiones que debería tener en un país en el cual, además de la corrupción, tenemos que luchar contra flagelos aún peores como la evasión y la elusión de impuestos o el crimen organizado (narcotráfico, trata de personas, trafico de armas, extorsión, etc.). 

En Colombia, “la justicia es para los de ruana”, porque no alcanza para los de saco y corbata. Malagradecidos los de ruana, siquiera para ellos alcanza. El sistema de justicia es tan pequeño, que me atrevería a decir que el principal problema que enfrenta es la congestión en los despachos judiciales, que ralentiza los procesos y hace que el ciudadano sienta, cuando opera, que: “la justicia cojea, pero llega”.

Desafortunadamente, en Colombia, los delincuentes conocen muy bien el tamaño y la calidad de la justicia, y por eso deciden delinquir. Estas variables facilitan la corrupción, pero también la evasión de impuestos, que es mayor que la corrupción (¿sabían eso?), el crimen organizado, entre otros problemas que afectan al país. Ante esto, se esperaría que la justicia tuviera el tamaño, en número de servidores, oficinas cercanas a los ciudadanos en todos los rincones del país, sistemas de información, servicios prestados, etc., y la capacidad técnica, en términos de recursos humanos con formación y experiencia suficiente para enfrentar esas problemáticas.

La corrupción, vuelvo y repito, es un problema gravísimo, que le costó al país aproximadamente 50 billones en 2022, según la Auditoría General de la República. Sin embargo, en ese mismo año, según el ministro de Hacienda de ese entonces, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian y próximo ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, la evasión y la elusión de impuestos le costaba al país cerca de $65 billones anuales (entre $50 y $80 billones); en el peor de los casos, más del 50% de lo que se pierde por corrupción. Para no entrar a hablar de lo que cuesta la lucha contra el crimen organizado y los delitos asociados.

Entonces, está claro que la corrupción sí es un problema muy grave, pero también lo es la evasión y la elusión de impuestos, el narcotráfico, la trata de personas, el trafico de armas, la extorsión, etc. Un sistema de justicia grande y de calidad, debe realmente judicializar a los corruptos, a los evasores, a los elusores, a los narcotraficantes, a los contrabandistas, a los traficantes, etc.

Colombia es una sociedad tan permeada por estos delitos, y por otros más, que: “tenemos que ampliar la justicia a sus justas proporciones”.

En este sentido, reconozco la intención del Ministerio de Justicia y del Derecho, de adelantar una Reforma a la Justicia, para lo cual conformó una Comisión de Expertos que después de varios meses presentaron la semana anterior, los primeros borradores de las propuestas que se incluirían en los proyectos de ley, agrupadas en 4 temas: justicia inclusiva, asuntos penales y penitenciarios, reformas procesales, y reformas judiciales. Sin ningún sesgo ideológico, celebro toda acción que esté encaminada a transformar y, sobre todo, a ampliar y cualificar el sistema de justicia en Colombia.

Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-felipe-suescun/