Es cierto que entre las razones por las que Bogotá se siente estancada, o que no aprovecha su potencial como podría, se encuentra la incapacidad de sus líderes para construir acuerdos, especialmente en lo relacionado con un futuro común, un sentido, un propósito colectivo. Bogotá hace rato que no significa algo suficientemente sugestivo como para invitar a sus gentes a pensar en su futuro con optimismo. De esto ya hablé antes.

Sin embargo, también hay otra dimensión que vale la pena revisar: la institucional. A finales de los ochenta, con el inicio del proceso de descentralización político-administrativa, el gobierno de Bogotá comenzó a adquirir un mayor grado de autonomía que quedó plasmado en la Constitución de 1991 y posteriormente en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993,) una especie de pequeña constitución del Distrito en el que quedó plasmada su estructura administrativa y fiscal.

En materia territorial la división político-administrativa de la ciudad quedó en firme mediante el Acuerdo 006 de 1992, adoptado por el Concejo de Bogotá, el cual estableció las veinte localidades que conocemos hoy en día. Esta ha sido la base institucional con base en la cual el Distrito ha venido funcionando durante las últimas tres décadas, con muy pocas variaciones. En general, pareciera que el proceso de descentralización en vez de profundizarse se fue haciendo cada vez más lento.

Vale la pena retomar la pregunta sobre las competencias del Distrito en un contexto en el que muchos de sus problemas se resuelven con el apoyo del gobierno nacional pero también se agravan por falta de este. Durante los últimos treinta años Bogotá ha contribuido a la redistribución territorial del ingreso aportando al gobierno nacional mucho más de lo que recibe por la vía de transferencias o convenios de cofinanciación.

Sin embargo, en algunos casos, se podría decir que, en el marco de dicha relación, el gobierno nacional ni raja ni presta el hacha. La manera en la que el Gobierno nacional distribuye el pie de fuerza de la policía, por ejemplo, no atiende a criterios técnicos de necesidad del servicio, sino que muchas veces se define en un marco de conveniencia política. Lo mismo pasa con el número de jueces o de la capacidad de la fiscalía.

Esto sucede incluso en programas diseñados para la población más vulnerable, en los que, con en el caso de los subsidios de vivienda, la población de Bogotá no puede acceder porque se priorizan entes territoriales y no necesariamente familias, por lo cual, el promedio de la ciudad emerge como una barrera de acceso a quienes, teniendo condiciones altas de vulnerabilidad, no pueden acceder a programas, por el hecho de vivir en Bogotá.

Lo sorprendente es que a pesar de que Bogotá aporta al Sistema General de Participaciones más de lo que recibe, en términos generales, su tamaño, le permite movilizar más recursos que muchas otras ciudades. Bogotá es tan grande y potente, que le ayuda al resto del país y aun así sus recursos propios están por encima de la media.

El gobierno de Bogotá moviliza, es decir, recauda y gasta, más de $30 billones de pesos al año equivalentes a cerca de $1.000 dólares per cápita, una cifra que tiende a aumentar cada año debido a que la economía de la ciudad crece más rápido de que su población. Se podría decir incluso que el gobierno de Bogotá logra movilizar una mayor cantidad de recursos que el de Barranquilla ($840 dólares per cápita al año) o Medellín ($700 dólares per cápita al año).

No es falta de plata. Con recursos propios Bogotá podría pagar un aumento considerable del pie de fuerza o de la capacidad judicial, pero la constitución y la ley se lo impiden. No necesariamente me refiero a la propuesta de Claudia López de crear una policía Distrital, que podría resultar inconveniente al introducir una distorsión en la cadena de mando, sino a la propuesta de ProBogotá que contempla un cambio institucional en el que se permita una concurrencia en el gasto mucho más amplia sin afectar la unidad de la policía.

Este es tan solo un ejemplo de las discusiones que debería liderar Bogotá. Es momento de profundizar la descentralización. La Constitución debería permitir una mayor autonomía en el manejo de los recursos propios para garantizarle más y mejores herramientas a los alcaldes para que puedan enfrentar problemas que hoy superan sus capacidades.

Al mismo tiempo, Bogotá debe avanzar en una discusión sobre la modernización político-administrativa. El Distrito es enorme y complejo. Actualmente está conformado por más de 60 entidades organizadas en 15 sectores y territorialmente se despliega a través de 20 alcaldías locales, cada una ellas con su propio fondo local de desarrollo. Este contexto ha propiciado que aparezcan traslapes de funciones entre secretarías, siendo tal vez el más grave el que se evidencia en materia de gestión de la seguridad entre la Secretaría de Gobierno, la de Seguridad y la Alcaldías Locales, solo por poner un ejemplo.

La última gran modernización estructural del Distrito fue implementada durante la administración de Lucho Garzón hace ya casi veinte años y a partir de allí se han venido creando nuevas entidades, casi que en desorden, como el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y otras más recientemente como la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), la Agencia de Analítica de Datos (Ágata) y la Operadora Distrital de Transporte (La rolita).

Así, resulta prioritario que el próximo alcalde actualice el Distrito. La aprobación del POT dejó abierta la pregunta por la división político-administrativa y será la próxima administración la encargada de redefinir su alcance. La discusión no debe limitarse al tamaño y cantidad de las localidades sino que debe centrarse en el análisis de competencias y capacidades que le permitan al gobierno de la ciudad actuar de manera eficaz frente a las necesidades de una ciudad sustancialmente distinta a la de hace veinte y treinta años.

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