Me cuesta mucho escribir esta columna porque, para el caso de Bogotá, llevo varios años insistiendo en la necesidad del ver el vaso medio lleno: una ciudad que ha alcanzado grandes logros y que, víctima de sus propios éxitos, no duda en sabotearse a sí misma. Lamentablemente, este discurso se agota cuando se trata de seguridad. Muy difícil ver el vaso medio lleno en medio de la peor crisis en materia de delito en la ciudad. Sí, han bajado sustancialmente los homicidios, pero han aumentado los hurtos.

El 2022 cerró como el año con el registro más alto de hurtos durante la última década en Bogotá. Casi 140.000 casos fueron denunciados el año pasado y si tenemos en cuenta que cerca de la mitad de estos delitos nunca se conoce, por que nunca se denuncian, podríamos especular que en realidad fueron por lo menos 200.000 casos.

Aunque he sido muy crítico del gobierno de Claudia López, debo decir que este gobierno no es del todo el único responsable de la crisis actual. Este es un problema que llevamos arrastrando muchos años y que no hemos sabido enfrentar. López no ha sido la excepción, pero tampoco la única. Los alcaldes no han logrado contener el fenómeno, pero tampoco los presidentes. Lo planteo de esta manera, porque la gestión de la seguridad, no es responsabilidad exclusiva de los gobiernos locales. Mucho tiene que ver, por ejemplo, la administración de justicia.

En 2019, último año de gobierno de Enrique Peñalosa, meses antes de la pandemia, Bogotá registró su máximo histórico en materia hurtos denunciados: casi 130.000 casos. Un año antes se habían registrado poco más de 100 mil casos. Luego vinieron las cuarentenas y con ello una alteración evidente del funcionamiento de la ciudad y por supuesto del delito. En 2020 se registraron apenas 83.000 casos.

A propósito, recuerdo a altos funcionarios de la Alcaldía, por esa época, sacar pecho con la cifra y señalar que obedecía a su política de seguridad. Les advertimos que no era así, que no se engañaran y que no engañaran a la gente. Al año siguiente, en 2021, volvimos a superar los 100.000 casos. El año pasado, repito, fueron casi 140.000 casos, lo que equivale a un aumento cercano al 26%.

Sí, la Alcaldía tenía razón al decir que en 2022 logramos la cifra más baja de homicidios en varias décadas, lo cual debe ser materia de orgullo para la ciudad que hoy se ubica como la capital menos violenta (proporcionalmente en relación con su población) entre las grandes ciudades del país; sin embargo, al mismo tiempo, 2022 fue el año con mayor cantidad de hurtos a personas desde que se lleva un registro más o menos juicioso. Logramos revertir el fenómeno homicida desde mediados de los noventa, pero no hemos podido hacer lo mismo con el hurto.

En general, el hurto a personas aumentó en todas las localidades, pero en algunas el aumento estuvo por encima del promedio de la ciudad (26%): Santa fe (59%), Teusaquillo (50%), Chapinero (43%), Candelaria (38%), Suba (34%) Fontibón (32%), Los Mártires (31%) y Usme (30%). Llamo la atención especialmente sobre los casos de Santa fe y Teusaquillo en donde se registraron aumentos de ¡más del 50% de un año al otro! También es importante señalar que para todas las localidades en la mitad de los casos el objeto hurtado fue el teléfono celular.

Sin duda, este es tal vez el reto de política pública más importante de Bogotá, seguido muy de cerca, claro está, del metro embolatado y la gestión de la congestión vehicular. De hecho, lo irónico es que la ciudad ni siquiera cuenta con una política pública de seguridad ciudadana.  Clara López, en su breve paso por la alcaldía como encargada, promulgó mediante el Decreto 657 de 2011 la “Política Pública Distrital de Convivencia y Seguridad Ciudadana”. Esta política tenía una vigencia de 10 años; es decir, el año pasado el Distrito debía expedir una nueva política y no lo hizo ¿lo hará?

En todo caso, para lo que queda de esta administración y para el próximo alcalde el reto será continuar con la disminución de homicidios y plantear una estrategia integral contra el delito en la que se incluya un fuerte componente de cooperación con la rama judicial, pero también esfuerzos sustanciales en el debilitamiento de mercados ilegales como el de los teléfonos celulares, responsable de por lo menos la mitad del problema.

Ya escucharemos a la mayoría de candidatos a la alcaldía hablar de seguridad. Es lo que la gente pide. Y ojalá salgan de los lugares comunes y planteen estrategias que sirvan de verdad para reducir el delito y no solo para ganar votos. Me atrevo a pesar que volveremos a escuchar una vez más el cuento del aumento de policías, en el que tanto ha insistido esta alcaldía y que tan poco a servido para contener el hurto; también volveremos a escuchar afirmaciones absurdas como “seré la jefe de la policía” difíciles de hacer realidad a punta de madrazos.

Ojalá superemos el paradigma de la política de seguridad ciudadana centrada en la fuerza pública y nos concentremos en estrategias que realmente generen resultados. Una verdadera estrategia integral de prevención del delito; un mayor y mejor acompañamiento a las víctimas en el proceso de denuncia; un esquema mucho más eficiente y adecuado de operatividad de la policía que supere la obsoleta distribución por localidades; una cooperación mucho más profunda para el fortalecimiento de la justicia; una verdadera estrategia integral contra la reincidencia. En fin.

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