El actual presidente, Abelardo de la Espriella, se hizo elegir bajo una bandera muy clara: la austeridad en el gasto público. Tanto es así que el Gobierno nacional, en cabeza de su ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó retirar el proyecto de Presupuesto General de la Nación presentado por el gobierno de Petro, argumentando que este tenía un déficit cercano a los 60 billones de pesos.
Sin embargo, el Presupuesto General de la Nación presentado posteriormente por la cartera encabezada por Gómez, y que actualmente hace trámite en las comisiones económicas de Cámara y Senado, pasó de 575,7 a 634,9 billones de pesos. La pregunta resulta inevitable: ¿cómo pasó el Gobierno nacional de anunciar un recorte de cerca de 20 billones de pesos a presentar un presupuesto casi 60 billones más alto?
He de confesar que, al principio, a mí tampoco me daban las cuentas. Sin embargo, cuando se empiezan a desagregar los diferentes rubros, las razones comienzan a salir a la luz y nos enfrentamos a una realidad muy poco alentadora: estamos endeudados hasta el cuello.
El mayor peso de este incremento —37,4 billones de pesos, para ser específicos— se destina al servicio de la deuda. Los cerca de 20 billones restantes corresponden, en buena medida, al cumplimiento de compromisos adquiridos durante el cuatrienio anterior: pensiones, salud, subsidios de energía y nómina pública, por mencionar algunos. En otras palabras, una parte importante del aumento no obedece a nuevos programas de gasto, sino a obligaciones que el Estado ya tiene y que el nuevo Gobierno debe asumir.
Todo lo anterior sin mencionar que, naturalmente, este Gobierno se encuentra enfrentando uno de los retos fiscales y sociales más grandes de los últimos veinte años —sin contar la pandemia—: la reconstrucción posterior al terremoto. Una situación extraordinaria que, lógicamente, obliga al Gobierno a destinar recursos adicionales y, como dicen en los pasajes comerciales del centro de Medellín, a meterse la mano al “dril”.
Entonces, ¿en qué queda todo esto? ¿Se está gastando más o no? La respuesta todavía no puede darse con certeza. Lo que sí puede decirse es que el presupuesto anterior, aquel que este Gobierno decidió retirar, tenía algo de tramposo: pretendía mostrar unas cuentas que no reflejaban adecuadamente el tamaño de las obligaciones que debía asumir el Estado.
Porque esconder una deuda no hace que desaparezca. Si así fuera, hace rato me habría hecho el loco con la del ICETEX. Todo lo contrario: desconocer o subestimar las obligaciones existentes solo impide prepararse adecuadamente para afrontarlas y aumenta el riesgo de terminar frente al gran fantasma de cualquier Estado excesivamente endeudado: el default.
La verdadera clave para determinar si este nuevo presupuesto cumple con la promesa de austeridad no está, entonces, únicamente en su valor nominal, sino en la trayectoria del déficit fiscal; es decir, en cuánto más gasta el Estado frente a lo que efectivamente recibe. Para 2027, la meta planteada es reducirlo del 5,3 % al 4,5 % del PIB. Si ese objetivo se alcanza, un presupuesto nominalmente más grande podría coexistir con un proceso de saneamiento de las finanzas públicas. Si no se alcanza, la austeridad habrá quedado, una vez más, en el discurso.
La realidad es que no sé cuánto tiempo más pueda esta PATRIA soportar los niveles de deuda y gasto público que venía acumulando. Lo que sí sé es que hará falta algo cercano a un MILAGRO para sanear las finanzas públicas sin desatender los programas sociales de los que dependen millones de colombianos. Y quizás sea precisamente eso lo que hoy, más que nunca, necesita la “PATRIA MILAGRO”
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