No es un buen comienzo para el nuevo gobierno, pero tal vez sea el que muchos esperaban. El gobierno de Abelardo de la Espriella es, en muchos sentidos, la antítesis de una visión democrática, liberal, humanista y, mucho menos, republicana. También parece ser la continuación de la fórmula que nos gobernó durante los últimos cuatro años: exceso de retórica, cinismo, improvisación y desprecio por quien piensa diferente. Hay quienes sostienen que ambos gobiernos hacen parte de un mismo empaque, aunque con un contenido distinto e igualmente superficial.
En los últimos días se habló mucho del operativo en el que fue dado de baja alias “Bendito Menor”, un joven delincuente de la costa norte del país que, pese a su corta edad, actuaba con temeridad y mantenía azotada a la población civil mediante la violencia. Lo precedía un amplio prontuario criminal que reflejaba su desprecio por la vida de los demás.
Pero, si analizamos el asunto con un poco más de distancia, “Bendito Menor” no deja de ser un criminal más, incluso uno de bajo rango dentro de las estructuras criminales que operan en el país. Era, sin duda, más mediático, pero seguramente tenía menos poder que muchos de los que todavía se pavonean por las calles mientras procuran mantener un bajo perfil.
Cuando afirmo que este “es el inicio que muchos esperaban”, me refiero a que millones de personas sí votaron con la expectativa de que hubiera acciones contundentes contra los criminales. Para nadie es un secreto —y los hechos de los últimos días así lo evidencian— que el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro respondió, en gran medida, a la falta de voluntad y de método para enfrentar la criminalidad en Colombia. El discurso aglutinador de la “Paz Total” terminó traduciéndose en impunidad, y la gente se cansó de que se cediera tanto terreno y se concedieran tantos beneficios a los delincuentes. El país no quiere volver a ver criminales sobre una tarima, y con justa razón.
Hay cifras que no debemos olvidar. El Clan del Golfo amplió su presencia de 253 municipios en 2022 a 392 en 2024; el reclutamiento de menores saltó de 151 casos a 386 entre 2022 y 2025; y las denuncias por extorsión subieron de 9.791 a 13.417 en ese mismo periodo. A esto se suman los 507 líderes sociales asesinados entre 2023 y 2025. No todos los indicadores siguieron la misma trayectoria, pero juntos retratan una realidad difícil de ocultar: durante el gobierno de Gustavo Petro, los violentos ganaron espacio y la población quedó más expuesta.
Pero hoy, ante un nuevo gobierno, tenemos el deber de exigirle al Estado que esté a la altura de las circunstancias, tanto en sus acciones como en el manejo mediático de sus operativos. El terrible escenario de seguridad que dejó el gobierno anterior explica el reclamo ciudadano por una respuesta más firme, pero no puede convertir esa firmeza en un cheque en blanco. En la lucha contra los violentos no todo vale, mucho menos cuando es el propio Estado el que actúa.
El problema es que el show se ha apoderado de la gestión y, hasta cierto punto, le ha dado resultados al gobierno en sus pocos días de mandato. La exhibición de “mano dura” ha servido para proyectar una imagen de autoridad y decisión que contrasta con la pasividad de los años anteriores. Su expresión más inquietante fue la escena del presidente caminando entre bolsas blancas que contenían los cadáveres de decenas de integrantes de organizaciones armadas, como si se tratara de paquetes de cocaína incautados. Allí, la comunicación oficial convirtió la muerte en espectáculo y la firmeza se confundió con la misma barbarie que el Estado pretende combatir.
El Estado debe hacerse respetar no solo por la fuerza, sino también por sus formas, pues es precisamente en ellas donde debe diferenciarse de los actores ilegales que proceden con temeridad y desprecio por la vida. Puede y debe combatir con firmeza a los criminales, pero no convertir la muerte en un trofeo. Ese proceder es más propio de los mafiosos de una película de Hollywood que del Estado colombiano en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y en el uso legítimo de la fuerza.
Este es, en últimas, un llamado a que quienes gobiernan estén a la altura de los cargos que dicen dignificar. Pero tampoco creo que el ciudadano de a pie deba cargar con el reproche por alegrarse o celebrar al ver estas escenas. Para quienes han padecido en carne propia el control territorial de esos grupos, comprobar que no son tan poderosos ni invencibles como pretenden puede ser motivo suficiente para celebrar. Esa reacción es también un desahogo frente a años de inacción estatal que les cedieron demasiado terreno a las estructuras criminales. El reproche no debe recaer sobre el ciudadano que celebra la caída de quien lo sometía, sino sobre el Estado que convierte esa caída en espectáculo.
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