En octubre de 2024, cerca de 1.400 uniformados entraron a El Plateado, el corregimiento de Argelia, Cauca, epicentro de la economía de la coca en el cañón del Micay. Era la Operación Perseo, la apuesta más ambiciosa del gobierno de Petro para transformar la región: control militar primero, desarrollo y sustitución después. Casi dos años más tarde, un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz y la Friedrich Ebert Stiftung permite hacer un balance con evidencia de campo.
El balance, según la FIP, es mixto. La operación logró replegar al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc fuera del casco urbano y redujo la afectación humanitaria directa a la población. Pero ni la economía de la coca cedió ni las disputas armadas cesaron. Mientras el Estado ganaba terreno en El Plateado, el ELN y otro frente disidente fortalecían su control en los corredores rurales periféricos. Es el mismo efecto que Colombia ha visto a escala nacional durante años, aquí replicado en una sola región: el copamiento militar desplaza el problema, no lo resuelve.
Entender por qué es tan difícil de sostener requiere ver la coca tal como la describe la FIP: no como un cultivo ilícito disperso, sino como el eje que organiza la vida económica y social del territorio. En Argelia, cerca del 35% de los hogares depende, directa o indirectamente, de esta economía, según cálculos de la FIP basados en datos de la UNODC y el DANE. Y no es cualquier enclave: el rendimiento de la hoja en la zona supera ampliamente el promedio nacional, lo que explica que haya resistido cinco décadas de intervenciones esporádicas.
Tampoco la sustitución es una salida sencilla. Un estudio citado en el informe encontró que los acuerdos comunitarios del programa de sustitución del Acuerdo de Paz aumentaron el riesgo de asesinato de líderes sociales que promovían su implementación. La lección no es que sustituir esté mal, sino que ninguna estrategia militar o social funciona sin la protección y la presencia sostenida que el Estado históricamente le ha faltado a esta región.
La FIP insiste en un punto que suele perderse en el debate público: contener no es lo mismo que desarticular. Las operaciones de erradicación e interdicción han arrojado resultados operativos, pero no han afectado el funcionamiento del mercado ilegal en su conjunto. La recomendación es intervenir simultáneamente en la productividad del cultivo, en la infraestructura de procesamiento y en los flujos financieros que sostienen a los grupos armados, no solo en las hectáreas sembradas.
El nuevo gobierno anunció el regreso a la fumigación aérea como parte de su estrategia de seguridad. El Micay no dice que esa apuesta esté condenada a fracasar; dice qué necesita para no repetir lo que allí ocurrió. La diferencia entre desplazar el problema y resolverlo no está en el instrumento —tropas, aspersión o sustitución—, sino en si se logra mantener una presencia estatal legítima después del primer golpe. Esa es la condición que ningún gobierno ha cumplido del todo hasta ahora.
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