Quieren tumbar los impuestos saludables para devolver las gaseosas y los ultraprocesados al reino de los productos intocables. Les incomoda pronunciar la palabra “niñas” en la institución encargada de protegerlas. Pretenden fumigar desde el aire los territorios más golpeados por el conflicto. Convierten al migrante pobre en amenaza y anuncian deportaciones masivas. También quieren prohibir el aborto, aunque sean otras (especialmente las mujeres pobres y rurales) quienes terminen arriesgando la vida en la clandestinidad. No son discusiones aisladas. Son síntomas de una misma enfermedad política: la alergia a la evidencia.
En la Cámara de Representantes fue radicado un Proyecto de Ley que busca eliminar el impuesto a los productos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar, sodio o grasas saturadas. Desde la campaña también se anunció la eliminación del gravamen sobre las bebidas azucaradas. El argumento es proteger el bolsillo de los hogares vulnerables. Pero llamar “canasta básica” a productos cuyo consumo excesivo enferma no hace más progresiva la economía; vuelve invisible el costo que después pagan las familias y el sistema de salud.
La OMS estima que aumentar al menos 20% el precio de las bebidas azucaradas puede producir una reducción proporcional de su consumo. En Colombia, un estudio de la Universidad del Rosario, basado en ventas de supermercados del Valle del Cauca entre 2021 y 2024, encontró una disminución gradual cercana al 40% en las cantidades vendidas de bebidas con alto contenido de azúcar. La estimación agregada fue más modesta y todavía no es concluyente. La respuesta sensata es seguir midiendo y ajustar el impuesto, no derogarlo a ciegas.
También resulta reveladora la pelea contra la palabra “niñas”. Una instrucción del ICBF ordenó utilizar “exclusivamente” la expresión “niños y adolescentes” y la directora del Instituto ha dicho que prefiere hablar de “niñez”. Pero el lenguaje de una entidad pública organiza estadísticas, diagnósticos, presupuestos y rutas de atención. De aproximadamente 1.500 menores reclutados por grupos armados entre 2021 y 2025, el 40% eran niñas. Ellas enfrentan riesgos particulares de violencia sexual, embarazo forzado y matrimonio infantil. Desde una perspectiva de política pública y responsabilidad estatal, nombrar no garantiza derechos, pero ayuda a identificar mejor a quienes los necesitan.
La alergia a la evidencia también sobrevuela el campo colombiano. El Gobierno derogó la Resolución de 2015 que mantenía frenada la aspersión aérea de cultivos ilícitos. La decisión abre la puerta para su regreso, aunque todavía deben cumplirse condiciones ambientales, sanitarias y de consulta previa. Un estudio publicado en el Journal of Health Economics encontró que la exposición a las campañas de aspersión estuvo asociada con más consultas por afecciones dermatológicas y respiratorias y con un aumento de los abortos espontáneos. Evaluaciones reseñadas en un balance del Plan Colombia estimaron, además, que había que asperjar alrededor de 32 hectáreas para eliminar 1 de coca. Fumigar produce cifras para una rueda de prensa; transformar territorios exige inteligencia contra el narcotráfico, persecución del lavado, sustitución viable y presencia estatal.
El mismo atajo aparece en la política migratoria. A junio de 2026 había en Colombia cerca de 2,85 millones de venezolanos: casi dos millones regularizados, 320.000 en proceso y alrededor de 528.000 en situación irregular. Una irregularidad administrativa no convierte a nadie en delincuente. Por eso hablar de “migrantes ilegales” solo demuestra la ignorancia de quien lo afirma.
La política migratoria debe impulsar la regularización y la inserción. Un estudio del Banco Mundial encontró también que quienes accedieron a un programa de regularización obtuvieron, cuatro años y medio después, ingresos laborales mensuales 67% mayores que migrantes comparables que quedaron por fuera. Regularizar facilita que las personas trabajen, contribuyan y sean identificables por el Estado; perseguirlas las devuelve a las sombras donde prosperan la explotación y las redes criminales.
Finalmente está el aborto. Un proyecto de reforma constitucional pretende “proteger” la vida desde la fecundación, mientras el Gobierno propone revertir la despenalización hasta la semana 24. Pero prohibir no elimina los abortos: determina quién puede acceder a uno seguro. La OMS calcula que cada año se practican cerca de 73 millones de abortos y que el 45% ocurre en condiciones de riesgo. Las investigaciones encuentran tasas similares en países con legislaciones restrictivas y en aquellos donde el acceso es más amplio; lo que cambia es la seguridad. En Colombia, solo el 49,5% de quienes solicitan una interrupción voluntaria logra acceder dentro del plazo legal. Endurecer las barreras afectará primero a las mujeres pobres, rurales, indígenas y afrodescendientes. Las mujeres con recursos seguirán encontrando médicos, viajes y privacidad.
Y el listado puede continuar, por ejemplo, con las “tradwives”, una figura que quienes la impulsan busca reducir a las mujeres al servicio doméstico e incluso coquetean con quitarles el voto. No toda ocurrencia viral merece convertirse en debate.
La evidencia no reemplaza la política ni decide qué valores debemos defender. Pero sí muestra cuáles instrumentos funcionan, quiénes soportan sus costos y qué consecuencias tienen nuestras decisiones. Cambiar una política es legítimo; quien pretenda desmontar un avance debe demostrar, con resultados y no con consignas, que tiene una alternativa mejor. La carga de la prueba pertenece a quien quiere hacernos retroceder. Los que gobiernan de espaldas a la evidencia terminan obligando a los más vulnerables a pagar el precio de los prejuicios ajenos.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-carlos-bolivar/
