Yo me opongo al alquiler de vientres y lo digo así, sin eufemismos, porque a veces cambiarle el nombre a las cosas sirve precisamente para no mirar lo que son. Podemos llamarlo gestación subrogada, maternidad por sustitución, gestación solidaria o cualquier otra fórmula jurídicamente elegante. Pero si hay una mujer que pone su cuerpo, alguien que paga, una agencia que intermedia, un contrato que establece condiciones y un niño que debe ser entregado al final del proceso. Esto también puede convertirse en un mercado de explotación reproductiva.
Y los datos deberían ser suficientes para que dejemos de hablar de esto como si todas las mujeres llegaran a ese mercado desde la misma posición.
Las mujeres gestantes en Colombia predominan entre los 20 y 33 años. Cerca del 70 % tiene educación secundaria incompleta o bachillerato completo, mientras que menos del 12 % accede a educación técnica o profesional. Hay una concentración en estratos 1 y 2, especialmente en zonas periféricas de Bogotá y Medellín. Aproximadamente el 65 % son madres solteras o cabezas de hogar y existe una alta prevalencia de informalidad laboral o desempleo, con ingresos previos al proceso que no superan el salario mínimo. Estos datos provienen de estudios de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, información documentada en litigios ante la Corte Constitucional y datos recogidos por la Defensoría del Pueblo.
Entonces hagamos una pregunta incómoda: ¿qué tan libre es una decisión cuando la necesidad económica está sentada en la misma mesa que el contrato?
Porque la libertad no ocurre en el vacío. Una mujer puede firmar un contrato y seguir estando en una relación profundamente desigual de poder. Y la trata de personas tampoco requiere necesariamente cadenas, golpes o secuestros. El abuso de una posición de vulnerabilidad y el abuso de poder también pueden convertirse en mecanismos de explotación.
Y sí: hay redes de trata alrededor de esta práctica. No es una metáfora ni una exageración para hacer más dramático el debate. Investigaciones oficiales de la Fiscalía General de la Nación y de las unidades de policía judicial DIJIN/SIJIN han identificado patrones compatibles con redes de trata de personas: casas de paso y apartamentos gestionados por agencias intermediarias donde las gestantes son trasladadas desde sus municipios de origen hacia Bogotá, Medellín y Cali, bajo el argumento de monitoreo médico, con restricciones a su movilidad y al contacto con sus familias. También se han identificado prácticas como retención de documentos, coerción económica, multas civiles y mecanismos para controlar el comportamiento de las gestantes.
Y hay algo todavía más grave: esas investigaciones también señalan posibles redes organizadas alrededor de notarías y servidores médicos para alterar procesos de filiación, omitir el nombre de la madre gestante en certificados de nacido vivo o inducir registros para después forzar una impugnación de maternidad. Esto no es simplemente una discusión sobre quién quiere ser padre o madre. Hay estructuras de intermediación y patrones que las autoridades han investigado precisamente por su posible conexión con la trata y otras conductas delictivas.
Mientras tanto, el mercado existe y ni siquiera intenta esconderse.
El 75 % de los comitentes que acceden a estos servicios en Colombia son extranjeros, principalmente de Estados Unidos, España, Francia, Alemania e Italia, según los datos citados por el proyecto a partir de la información documentada. Colombia se convierte así en un receptor de turismo reproductivo transnacional.
Y basta con mirar cómo se vende.
Tammuz Family, en alianza con la Clínica Celagem en Bogotá, ofrece un “Programa Colombia” con planes básicos y planes con garantías. En estos últimos ofrece óvulos donados ilimitados, transferencias de embriones ilimitadas y emparejamientos ilimitados con madres gestantes hasta el nacimiento de un bebé vivo. También incluye servicios jurídicos, contratos, registro civil y protocolo de embarazo. Eso no me lo estoy inventando: está publicado en la propia oferta comercial de la agencia.
Paremos ahí.
Hasta el nacimiento de un bebé vivo.
¿En qué momento un niño se convirtió en una garantía de un servicio?
¿En qué momento una mujer se convirtió en la parte del proceso que debe cumplir nueve meses para que el producto final llegue al cliente?
No me interesa satanizar a las personas que desean ser madres o padres. La infertilidad existe, el deseo de formar una familia existe y hay personas que atraviesan procesos profundamente dolorosos para poder tener hijos. Tampoco me interesa utilizar este debate para atacar a parejas homosexuales, hombres solos, mujeres solas o personas que recurren a técnicas de reproducción asistida.
El problema no es quién quiere tener un hijo. El problema es qué estamos dispuestos a permitir para conseguirlo.
Porque el deseo de tener un hijo puede ser legítimo y, aun así, no todo medio para satisfacer ese deseo tiene que ser legítimo.
Un niño no puede ser una prestación contractual. No puede ser el resultado garantizado de un paquete reproductivo. Y una mujer tampoco puede convertirse en una prestación más dentro de ese contrato.
Porque el embarazo no es un servicio sin consecuencias.
La gestación modifica el cuerpo, compromete el sistema endocrino, el sistema inmunológico, la salud física y la vida psíquica de una mujer durante nueve meses. Hay riesgos obstétricos, físicos y psicológicos. Y el hecho de que una mujer reciba dinero no hace que esos riesgos desaparezcan.
Entonces volvamos a la pregunta que nadie quiere responder: ¿Cuánto vale un embarazo?
¿Cuánto vale una cesárea? ¿Una complicación obstétrica? ¿Una pérdida? ¿Una depresión posparto? ¿Un trauma? ¿Una relación familiar afectada? ¿Una mujer que durante nueve meses tiene que someterse a las condiciones establecidas por terceros sobre su alimentación, sus citas médicas, sus desplazamientos o sus decisiones?
¿Y cuánto vale entregar un hijo que acabas de gestar porque un contrato dice que debes hacerlo?
Hay cosas que sencillamente no deberían tener precio.
Y no porque crea que las mujeres sean incapaces de decidir sobre su cuerpo. Precisamente porque creo que sus cuerpos no deberían convertirse en territorios donde el dinero de otros pueda comprar poder sobre sus decisiones.
Por eso me opongo al alquiler de vientres.
Y aquí viene una contradicción política que para mí no es un problema, sino una convicción.
Este proyecto viene de sectores políticos que no me han representado. David Gerardo Cote Rodríguez es quien aparece como autor de la iniciativa en la radicación oficial.
No comparto su proyecto político. Pero si tengo que sentarme con los conservadores para defender que las mujeres no son máquinas de parto y que los niños no son una transacción, ahí estaré.
No necesito estar de acuerdo con todo lo que piensa alguien para reconocer que, en un tema determinado, podemos estar parados del mismo lado. Y en este tema, yo sé de qué lado estoy.
Las mujeres no somos máquinas del capitalismo. No somos incubadoras para satisfacer las necesidades reproductivas de una población con dinero. Nuestros cuerpos no deberían convertirse en una industria porque alguien descubrió que también se puede hacer negocio con la maternidad.
La maternidad no se alquila.
Las mujeres no se compran.
Y los niños no se venden
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