Cada país de América Latina tiene su propia lista de prioridades en materia de seguridad y rara vez coinciden entre sí. Pero hay un delito que, sin previo aviso, empezó a crecer casi al mismo tiempo en países que no comparten frontera, conflicto armado ni matriz criminal: en menos de un lustro, la extorsión se convirtió en el negocio de bajo riesgo favorito del crimen organizado regional.
En Ecuador, la extorsión se disparó en muy poco tiempo: para la Fiscalía General, las denuncias de 2023 multiplicaron por varias veces las del año anterior, y ese nivel se mantuvo en 2024. Es apenas el ejemplo más visible de un patrón que se repite, con ritmos distintos, en otros países de la región.
El salto ecuatoriano coincidió con la fragmentación de las bandas ligadas al narcotráfico tras la muerte o la captura de varios de sus líderes. Los grupos que perdieron control territorial encontraron en el cobro sistemático una renta más fácil de sostener que la del negocio que habían perdido.
Uno de los mecanismos que ayuda a explicar esa facilidad para operar -no el único, pero sí uno bien documentado- es el teléfono celular dentro de la cárcel. En Colombia, el Inpec ha señalado la extorsión operada desde los patios como uno de sus principales dolores de cabeza, con operativos recientes que han incautado decenas de celulares y tarjetas SIM. En Ecuador, bandas como Los Lobos y Los Tiguerones convirtieron pabellones enteros en centros de llamadas extorsivas. No es, sin embargo, un patrón universal: en Perú, el Ministerio de Justicia calcula que un bajo porcentaje de las extorsiones telefónicas se originan en un penal, lo que sugiere que ahí el negocio depende menos de las cárceles y más de otras estructuras criminales.
En Perú la curva lleva más tiempo subiendo. Entre 2019 y 2024 los casos de extorsión se multiplicaron por seis, según el Ministerio del Interior. La Libertad, una región del norte del país, concentra buena parte de ese aumento: ahí, el transporte informal y la minería ilegal les brindan a los extorsionadores un blanco fácil y constante.
Chile no tiene el mismo historial de denuncias masivas, pero la Fiscalía Regional de Antofagasta ha advertido que el crimen organizado diversificó sus fuentes de ingreso más allá del narcotráfico, con la extorsión entre las rentas que más rápido crecen. El diagnóstico coincide con el de Ecuador y Perú: dejó de ser un delito menor en esas economías criminales.
Detrás de esa coincidencia no necesariamente hay una sola organización. Hay estructuras criminales que operan más allá de su país de origen y replican el mismo modelo donde encuentran las condiciones para hacerlo: economía informal, control territorial débil, comercio vulnerable. El modelo se repite porque funciona y es fácil de copiar.
Hace unos meses planteé que la extorsión en Colombia no se resuelve con más operativos, sino con inteligencia financiera capaz de rastrear el dinero y desmantelar las redes de lavado que lo sostienen. La comparación regional aporta algo a ese argumento: si el negocio opera con la misma lógica en Quito, Lima, Santiago y Bogotá, la arquitectura financiera que hay que desmontar tampoco cabe dentro de una sola frontera. Cerrar el grifo ya no es solo una tarea nacional.
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