Yo estuve del otro lado de esta historia. Firmé, argumenté y sostuve las tesis jurídicas que le costaron la personería jurídica a Fuerza Ciudadana, a En Marcha, a Soy Porque Somos, a Todos Somos Colombia, a Poder Popular, a Dignidad Liberal. Conozco el artículo 108 de memoria porque lo tuve que aplicar, expediente tras expediente, para explicarle al Consejo de Estado, porque ciertos partidos de izquierda no cumplían los requisitos para existir. Así que cuando el lunes el Consejo Nacional Electoral le entregó personería jurídica a Defensores de la Patria, el movimiento de Abelardo De la Espriella, no lo leí como una noticia más. Lo leí con la misma regla en la mano que usé para tumbar personerías, y la cuenta no da.
El artículo 108 es claro: para que un movimiento se convierta en partido necesita, entre otras cosas, alcanzar el 3% de los votos válidos al Senado. Defensores de la Patria no inscribió lista al Senado. No hay lista, no hay votación legislativa que contar, no hay forma de aplicar la regla general. Ahí termina, en teoría, la discusión.
Pero en Colombia el artículo 108 nunca se aplica solo. Hay dos desarrollos jurisprudenciales que abren una puerta distinta. Uno es el de la violencia: cuando un partido desapareció por el conflicto armado, la Corte Constitucional le ha reconocido el derecho a recuperar su personería. El otro es el del estatuto de oposición: si un grupo significativo de ciudadanos avala una fórmula presidencial que llega a segunda vuelta y queda de segunda, esa fórmula tiene derecho a una curul en el Senado y otra en Cámara para ocupar las curules de oposición, y para ejercerla como corresponde, necesita existir jurídicamente como partido. Así nacieron Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Esa fue, dicho sea de paso, la misma lógica —forzada y amparada en una aparatosa construcción hermenéutica— detrás de Soy Porque Somos: la vicepresidenta electa necesitaba un vehículo para gobernar con banca propia.
Defensores de la Patria no encaja en ninguna de las dos rutas. No es un partido que resurge de la violencia. Y no es una fórmula que quedó en oposición, porque Abelardo De la Espriella no perdió la segunda vuelta: la ganó. Es el presidente electo. La ponencia que aprobó el CNE tuvo que estirar la SU-316 de 2021 hasta un lugar donde nunca estuvo pensada para llegar: dijo que una elección presidencial es una forma de legitimación democrática tan válida como una elección legislativa, y que como De la Espriella sacó casi 13 millones de votos —catorce veces el umbral exigido—, eso alcanza para fundar un partido, aunque jamás haya existido una lista al Congreso que medir. Es, literalmente, la teoría de Soy Porque Somos, se les da partido porque son el poder.
Y ahí está el punto que más me interesa, más allá de lo estrictamente técnico: la ética de siquiera intentarlo. Porque no es que el CNE haya encontrado una laguna y la haya llenado de buena fe. Es que un gobierno que se posesiona en cuatro días llegó a pedir, sin pudor, algo que la propia norma no le da, sabiendo que la mayoría de la corporación se lo iba a conceder. Eso no es una lectura generosa del derecho. Es poder puro pidiéndole permiso a una institución que ya sabe que va a decir que sí.
Durante cuatro años vimos a la izquierda estirar el derecho electoral hasta donde le cupiera el cuerpo para asegurarse maquinaria, avales y financiación. Lo critiqué entonces y lo seguiría criticando hoy sin que me tiemble la mano. Pero si algo prometía este gobierno era romper con esa forma de hacer política, no heredarla el primer día útil que tuvo el CNE disponible. Y lo primero que hace, antes de posesionarse, antes de nombrar un solo gabinete completo, es ir a buscar lo mismo que tanto le señaló al petrismo: un partido con personería jurídica regalada, construida sobre una interpretación que ni siquiera sus propios abogados se atrevieron a defender con el argumento correcto.
No importa si la bandera es roja o es azul. El manual es el mismo: llegar al poder y usarlo, desde el primer minuto, para asegurarse la permanencia, la caja y el aval, así la Constitución diga otra cosa. Lo que cambia es a quién se lo perdonamos.
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