Ayer el país volvió a mirar hacia el occidente colombiano, pero esta vez no fue por un derrumbe ni por el vuelco de un bus en la trocha que conecta a Medellín con Quibdó. Fue porque el ELN, a través de su frente «Manuel Hernández El Boche», detuvo a la fuerza dos buses de Rápido Ochoa en el sector de Toldas, sobre la vía que une a Quibdó con El Carmen de Atrato, y retuvo ilegalmente a 39 personas, entre ellas menores de edad. Quienes viajaban en esos buses son mi gente. Esa vía es la que yo he recorrido toda la vida, la que me lleva a mi pueblo, la que carga los sueños, los mercados, las visitas familiares y los regresos de quienes salieron a estudiar o a trabajar. Ver esa carretera convertida en escenario de guerra no es una noticia lejana: es una herida personal.
Lo que siguió fue igual de doloroso. Tropas de la Brigada 15 y del Gruli 9 llegaron a atender la emergencia y fueron emboscadas. Dos soldados profesionales, Elibert Ducuara Mosquera y Jean Carlos Vallejo Vargas, murieron cumpliendo su deber. Otros cinco quedaron heridos. Horas después, en una operación que merece reconocimiento, el Ejército logró rescatar con vida a los civiles retenidos. Pero el rescate no borra la pregunta de fondo: ¿cómo llegamos aquí?
La respuesta es incómoda pero necesaria: llegamos aquí por el desmonte sistemático de la arquitectura de seguridad del Estado. Llevamos meses, quizás años, viendo cómo territorios que habían recuperado algo de tranquilidad vuelven a quedar a merced de estructuras armadas ilegales que se mueven con una libertad que no deberían tener. La llamada «paz total» del gobierno de Gustavo Petro se propuso, en el papel, silenciar los fusiles; en la práctica, ha coincidido con el fortalecimiento territorial del ELN y de otras estructuras, con vías bloqueadas, con comunidades confinadas y con soldados que mueren en condiciones indignas tratando de sostener lo que la política pública no ha logrado sostener. No se trata de negar la necesidad de salidas negociadas al conflicto. Se trata de exigir que ninguna estrategia de paz se construya sacrificando la seguridad básica de la gente que vive, trabaja y viaja por estas carreteras.
Por eso este momento no puede quedarse solo en la indignación de un día. El nuevo Congreso de la República, que ayer recibió sus credenciales y que se posesionará el próximo 20 de julio, tiene entre manos una responsabilidad que no admite aplazamientos: hacer control político real sobre la política de seguridad, exigir cuentas sobre el estado de la fuerza pública en los corredores más golpeados del país, legislar y presupuestar con seriedad para el fortalecimiento militar y policial, y dejar de tratar la seguridad como un tema secundario frente a las agendas que ocupan más titulares. La seguridad no es un capítulo más del programa de gobierno: es el fin esencial del Estado, el que hace posible todos los demás. Sin garantías de vida, libertad y movilidad, no hay derechos sociales, económicos ni políticos que valgan.
Y esa exigencia no es solo para el Congreso entrante. Es también, y sobre todo, para el gobierno que asuma la conducción del país. Quien reciba las riendas de la Nación recibe un territorio desconfigurado en materia de seguridad, con comunidades como la del Carmen de Atrato y todo el Chocó viviendo con miedo a moverse por su propia carretera. No hay margen para improvisar ni para repetir fórmulas que ya mostraron sus límites. Se necesita una estrategia de seguridad seria, sostenida, con presencia real de la fuerza pública en los corredores viales, y con una relación clara entre cualquier proceso de negociación y el cese efectivo de las afectaciones a la población civil.
Quienes crecimos viendo cómo la violencia moldeó la vida de nuestros municipios sabemos que estas noticias no son abstractas. Sabemos los nombres de las veredas, conocemos las curvas de esa vía, y sabemos lo que significa para una familia no poder viajar tranquila a ver a los suyos. Por eso escribo esto no solo como columnista, sino como hija de un territorio que ya ha pagado demasiado. Le exijo al Congreso que se instala el 20 de julio, y al gobierno que reciba el país, que pongan la seguridad de los colombianos —toda, sin excepciones territoriales— en el centro absoluto de su agenda. El Carmen de Atrato, el Chocó entero, y tantas regiones que llevan décadas cargando el peso del abandono estatal, no pueden seguir siendo la variable que se sacrifica mientras el resto del país discute otras prioridades.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
