Esta no es una columna para quienes prefieren la versión edulcorada y extremista de la política colombiana. Aquí no hay buenos ni malos absolutos, hay dos hombres con poder real jugando con el reloj institucional del país, y ninguno sale bien parado.
Empecemos por los hechos, sin anestesia. Gustavo Petro, presidente en funciones hasta el 7 de agosto, salió a decir en X —sin una sola prueba presentada públicamente— que las elecciones fueron alteradas “por vía algorítmica”, que el verdadero ganador es Iván Cepeda, y que él, Petro, no reconoce la legitimidad del gobierno que lo va a suceder. Esto lo dijo un presidente que había prometido respetar el escrutinio. Lo dijo pese a que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral certificaron el triunfo de Abelardo de la Espriella. Lo dijo, además, convocando movilizaciones para el 20 de julio, casi tres semanas antes de que termine su mandato, en lo que cualquier persona con dos dedos de frente puede leer como una forma de mantener la calle caliente hasta el último minuto.
¿La respuesta de De la Espriella? Nada sutil tampoco. Ordenó por X, con el mismo estilo expedito con el que hace todo, suspender “de manera inmediata” el empalme con un gobierno que calificó de “corrupto” y que, según él, “pretende destruir a Colombia”. No contento con eso, acusó a Petro de estar orquestando un golpe de Estado y le pidió a las Fuerzas Militares que “preserven el orden constitucional” —una frase que, dicho sea de paso, en la historia latinoamericana reciente nunca ha sido inocente viniendo de un presidente electo hacia los uniformados—. Su entorno jurídico fue más allá y sugirió que Petro podría estar cometiendo un delito por no reconocer el resultado.
Aquí es donde toca ser criterioso y no complaciente con ninguno de los dos bandos que ya están armando trinchera en redes sociales.
Que un presidente saliente, sin pruebas, le diga al país que su sucesor “no ganó” es un ataque directo a la columna vertebral de cualquier democracia, que es la aceptación pacífica de los resultados. Eso no se disculpa por matices ideológicos ni por simpatías políticas. Si Petro tiene pruebas de fraude, el lugar para presentarlas es una autoridad judicial, no un hilo de X ni una convocatoria a marchar.
Pero tampoco hay que ser ingenuo con la respuesta de De la Espriella. Suspender el empalme —el mecanismo que existe precisamente para que el Estado no se caiga a pedazos en cada cambio de gobierno— es usar como rehén la continuidad administrativa del país para librar una pelea que, legítima o no, es fundamentalmente política. Las nóminas, los contratos vigentes, los procesos judiciales activos, no tienen la culpa de que estos dos señores no se soporten. Y hablar de golpe de Estado y pedirle a los militares que “preserven el orden” cuando todavía falta un mes para la posesión es jugar con fuego en un país que ya sabe, por historia propia, a dónde puede llevar ese tipo de lenguaje.
Lo más honesto que se puede decir es que ni Petro se comportó como un demócrata al negar sin pruebas un resultado certificado, ni De la Espriella se comportó como un estadista al convertir la transición del poder en un escenario de guerra retórica. Los dos, cada uno desde su trinchera, decidieron que el espectáculo político valía más que la responsabilidad de entregar —o recibir— un país que funcione desde el primer día. Colombia, mientras tanto, sigue esperando que alguno de los dos se acuerde de que gobernar no es lo mismo que ganar un pulso en X.
Y en el fondo, esta pelea no la gana ni Petro ni De la Espriella, la gana el drama mismo. Cada trino, cada acusación, cada “golpe de Estado” mencionado sin que ocurra, es una dosis más para quienes ya no consumen política sino el pleito en sí —los adictos al edulcorante del extremo, que no quieren un país que funcione sino un enemigo a quien odiar con el celular en la mano.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/vanessa-gutierrez/
