Por: Piedad Patricia Restrepo
Esta semana se conoció una carta firmada por treinta personas destacadas en distintos ámbitos -exministros, exrectores e intelectuales- que invitan a ambos candidatos presidenciales a tomar en cuenta una agenda de país de quince puntos que, en su criterio, no da más espera, y que sin importar las visiones diametralmente opuestas de Cepeda y De La Espriella, deben ser abordadas en los próximos cuatro años.
Esta carta busca esencialmente, desde una posición de centro, alejar la amenaza de una polarización extrema que nos lleve por un camino de violencia.
Los quince puntos de la agenda son: Respeto a las autoridades electorales y a sus pronunciamientos; Defensa de la Constitución de 1991; Ajustes a las políticas de orden público; Una nueva política antidrogas; Plena vigencia de los derechos humanos; Lucha contra la corrupción; Superar la pobreza; lograr equidad en la distribución de los ingresos; Una revolución educativa; Austeridad fiscal; Incentivar el crecimiento económico; Enfrentar la crisis de la salud; Reactivar el sistema eléctrico; Proteger la autonomía del Banco de la República; Una nueva política exterior para afrontar la recomposición del entorno internacional y el Fortalecimiento de la moral pública.
Suscribo totalmente este llamado a un acuerdo nacional para agendar unos problemas públicos que en caso de exacerbarse nos llevarían por una senda de debilitamiento aún mayor de nuestra frágil democracia.
En columnas anteriores me he referido a algunos de ellos por considerarlos de la mayor importancia para el avance del bienestar de la gente, principalmente de la más vulnerable, que es la que requiere más bienes de carácter público.
Aquí retomo algunos de los temas que en mi concepto son esenciales. La defensa de la Constitución del 91. Recuerdan los firmantes que esta carta fue producto de un gran pacto político y que allí convergieron todas las corrientes ideológicas del momento. Añadiría que es una carta relativamente nueva y que arrancar una discusión de cero es peligroso en un contexto tan polarizado, sin importar la orilla ideológica de donde venga la iniciativa.
Sobre los ajustes a las políticas de orden público, expresan los firmantes que se requiere una nueva política para el manejo del orden público en el país, aunque no se refieren a la Paz Total de este gobierno, es evidente que piden una transformación de dicho manejo, pues la otrora justificación política de los grupos al margen de la ley hoy no tiene asidero. Piden, para ello, fortalecer las Fuerzas Armadas, fortalecer la presencia estatal en todo el territorio nacional, pero principalmente en las fronteras marítimas y terrestres que es donde hoy hay más debilidad por la baja presencia estatal e ir tras las rentas criminales, lo que implica, aunque no lo dicen explícitamente, un fortalecimiento de la capacidad de investigación y del sistema judicial.
La lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la moral pública van de la mano. Ambos temas de agenda son fundamentales. Anualmente se pierden billones del erario, que dejan de nutrir la inversión social para ir a manos privadas en un entramado que es sistémico y que el país no ha podido reducir; por el contrario, con un gobierno que prometió el cambio, incluyendo la lucha contra la corrupción, se evidenció el enquistamiento de las prácticas corruptas que permean a todos los partidos, sin distingo alguno. El Estado se convierte en una empresa rentable para políticos y empresarios que proveen bienes y servicios al aparataje estatal. La moralidad pública sufre porque el objetivo de lo público no es servir a la gente, al ciudadano, si no servirse de los recursos del Estado para enriquecerse y adquirir poder clientelar. Llaman la atención los firmantes sobre la importancia de la verdad en los debates públicos, y la necesidad de fortalecer la carrera administrativa, justamente esta última termina debilitando el clientelismo, que en la mayoría de las ocasiones es sinónimo de ineficiencia del Estado.
Dos temas centrales en la reducción de la iniquidad: la educación y la salud. La cobertura, acceso, continuidad y calidad de estos servicios es la base de una verdadera transformación de las condiciones básicas para lograr mayor equidad. Sobre la salud, les piden a ambos candidatos que den explícitamente su diagnóstico sobre las causas de la crisis profunda que vive el sistema hoy y ofrezcan los caminos para resolverla. Un problema que entraña aspectos tan críticos para el bienestar de la gente debe ser abordado con profundidad, y eso es lo que esperamos de los candidatos a la Presidencia de la República. Los firmantes, reiteran que, aunque ha habido abusos en el sistema estos no explican la mayoría de los problemas que este padece y concluyen que el sector requiere mayores recursos para las necesidades crecientes en salud como derecho fundamental.
Sobre la educación, plantean la necesidad de una revolución. Lo más interesante de la propuesta es que se aleja del debate más reciente que se ha centrado en el acceso a la educación superior, dejando de lado la importancia de la educación preescolar, básica y media. La premisa de la cual parten es que el país ya superó la estéril dicotomía entre educación oficial y no oficial. La constitución del 91 abrió las puertas a la provisión privada junto con la pública y allí no se puede retroceder. El énfasis debe ser el acceso a educación preescolar para todos los niños, la revisión de los estándares curriculares de la educación básica y media, propiciando que los chicos no deserten y vean en la educación un vehículo de ascenso social y de pertenencia a una comunidad.
En resumen, la agenda pública no se debe construir desde un partido o movimiento político o desde la visión de un líder rodeado de unos pocos asesores. La agenda pública debe construirse con múltiples voces, y entre más conocedoras de los problemas públicos, mucho mejor. Necesitamos de inteligencia colectiva al servicio de lo público y no de personas con egos inflados que no se dejan interpelar.
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