Hay algo que me viene inquietando desde hace varias semanas. No tiene que ver con encuestas, estrategias de campaña ni cálculos electorales. Tiene que ver con nosotros.
Con la manera en que los colombianos nos comportamos cada vez que se acerca una elección.
Hasta hoy no he dicho públicamente por quién voy a votar y tampoco pienso hacerlo. He sido clara únicamente en dos cosas. La primera: jamás votaría por el candidato del Gobierno que me perfiló y que me llamó fascista y nazi por el simple hecho de ejercer acciones constitucionales que son mi derecho como ciudadana y como abogada. La segunda: en una columna anterior expliqué ampliamente por qué, desde mis convicciones jurídicas y profesionales, tampoco votaría por Abelardo de la Espriella.
Más allá de eso, he decidido vivir esta campaña desde una posición distinta. No hago parte de ninguna campaña. No asesoro candidatos. No tengo intereses electorales. Y precisamente por eso he tenido la libertad de observar el proceso desde la barrera, como quien disfruta el análisis de una partida de ajedrez sin ser jugador.
Me gustan las campañas de contraste. Me interesa estudiar cómo los candidatos construyen narrativas, cómo responden a los ataques, cómo posicionan mensajes y cómo intentan persuadir a los electores. Me gusta analizar la comunicación política porque es parte de lo que hago y de lo que enseño.
Hace algunos días compartí en mis redes sociales un video que podía interpretarse como favorable a la campaña de Abelardo y crítico de la campaña de Cepeda. Sin embargo, mi intención no era promover a ninguno de los dos. Lo compartí porque me parecía interesante desde el punto de vista comunicacional y estratégico.
La reacción de un amigo me sorprendió.
Me preguntó cómo podían convivir en una misma persona la académica y la profesional si yo veía en Abelardo una posibilidad para proteger la institucionalidad del país.
Más allá de la referencia concreta al candidato, el comentario me dejó pensando.
No porque me hubiera descubierto una preferencia electoral —que, además, no existe en los términos en que él la asumió— sino porque evidenciaba algo mucho más preocupante: la necesidad que hemos desarrollado de cuestionar la formación, la inteligencia o la integridad de quienes piensan distinto.
Ya no discutimos argumentos.
Discutimos personas.
No respondemos razones.
Respondemos con etiquetas.
Si alguien expresa una opinión política distinta a la nuestra, inmediatamente aparece el catálogo de falacias: ignorante, vendido, extremista, radical, fascista, comunista, resentido, privilegiado. La lista es interminable.
Y cuando esos calificativos parecen insuficientes, entonces se pone en duda la formación académica, la experiencia profesional o incluso la honestidad intelectual del interlocutor.
Es la vieja falacia ad hominem convertida en deporte nacional.
Lo más triste es que esto ocurre en todos los sectores políticos. Nadie tiene el monopolio de la intolerancia. La agresividad no distingue ideologías.
Quien apoya a un candidato recibe insultos de sus contradictores. Quien apoya al contrario recibe exactamente los mismos insultos desde la otra orilla. Y quien intenta mantener una posición independiente termina siendo sospechoso para todos.
Pareciera que en Colombia el voto dejó de ser un derecho para convertirse en una explicación permanente.
Cada ciudadano debe justificar sus preferencias políticas ante un jurado invisible que exige razones, credenciales y certificados de pureza ideológica.
Y si esas razones no satisfacen a los demás, llegan los ataques.
Por eso recordé recientemente una idea de Mauricio Villegas en El país de las emociones tristes. Quizá una de nuestras mayores tragedias colectivas es que hemos aprendido a relacionarnos políticamente desde la desconfianza, el resentimiento y la agresión. Hemos normalizado la idea de que quien piensa distinto merece ser ridiculizado antes que escuchado.
Eso tiene consecuencias profundas.
Y es que, la democracia no se debilita únicamente cuando se violan las instituciones. También se debilita cuando desaparece el respeto por el otro.
La democracia supone que millones de personas, con historias, valores, intereses y visiones distintas, pueden llegar a conclusiones diferentes sobre cuál es el mejor camino para el país. Y que ninguna de ellas debe ser humillada por ejercer libremente su derecho al voto.
No es sano que un ciudadano tenga miedo de expresar una opinión política.
No es sano que una amistad se fracture por una preferencia electoral.
No es sano que la respuesta automática frente a una diferencia sea el insulto.
Y tampoco es sano que la academia, la experiencia profesional o la trayectoria de una persona se conviertan en objeto de burla simplemente porque alguien supone —muchas veces erróneamente— que votará por determinado candidato.
Quizás el verdadero reto de esta elección no sea escoger entre un nombre u otro.
Quizás el reto sea demostrar que todavía somos capaces de convivir con el desacuerdo.
Porque cuando una sociedad pierde la capacidad de discutir ideas y solo sabe atacar personas, el problema ya no está en los candidatos.
Está en nosotros.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
