En Colombia pensar se volvió un problema. Quien arroja un dato es soberbio, quien hace contextos históricos es mamerto, quien defiende a los pobres es populista, quien defiende la empresa es incoherente o facho, quien tiene principios éticos es moralista, quien aboga por las mujeres es extremista, quien mantiene la serenidad es tibio.
En el contexto político y electoral colombiano todas las virtudes de un ser humano íntegro se usan como dagas en su contra. ¿Por qué? Porque a falta de argumentos lo único que queda es el acechamiento a la persona. Y a quien no le encuentran nada, sino coherencia y dignidad —en los marcos de la imperfección humana— le buscan alguna característica para convertirlo en enemigo con el muy conocido y vago concepto —ahora insulto— de la «superioridad moral». Lo cual sorprende, dado que esta tal superioridad moral la encarnan normalmente personas que en otros contextos generan admiración y sobre todo confianza.
Un profesional que estudia, que es ético, que no se vende, es admirado. Las mismas características en contextos políticos son desfiguradas y objeto de ridiculización. Una lástima.
Esta narrativa, que se va haciendo popular en las redes, en las conversaciones cotidianas y en los contextos más complejos, pone en riesgo tres cosas que importan en cualquier democracia que se tome en serio:
- La confianza. Si quienes han estudiado, se han formado en asuntos puntuales o tienen experiencia no pueden hablar so pena de ser «funados», la autoridad sobre temas relevantes —economía, desigualdad, género, derecho, medio ambiente— queda en manos de contadores de historias o editores de videos virales. Y cuando eso pasa, no solo se pierde un experto: se pierde la posibilidad de que la sociedad confíe en algo construido con rigor.
- El valor del conocimiento. En nombre de una igualdad mal entendida se ha instalado la idea de que el conocimiento es igual para todos. Eso afecta los incentivos para estudiar, formarse, especializarse. Y le cuesta al país en competitividad, en ciencia, en capacidad de resolver problemas reales.
- La calidad del debate. Cuando la discusión pierde altura, rigor y lógica, solo quedan las formas más primarias: el grito, el insulto, la violencia. Y los que más saben terminan callando —por cansancio, por apatía, por no querer perder el tiempo en un debate que no va a ningún lado.
Colombia está en un proceso de devaluación del conocimiento como capital democrático y cae por ello constantemente en la violencia como único mecanismo de defensa, porque jamás la violencia será un argumento.
¿A quién le conviene eso? La anti-intelectualidad no es espontánea. No voy a caer en el argumento fácil de «es culpa de las redes sociales» —aunque sin duda han amplificado el efecto. Las causas son más profundas y llevan décadas acumulándose. Algunos datos, entre muchos que apuntan en la misma dirección:
- Colombia participó en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) en 2009, 2015 y 2022. Sus puntajes: 462, 482 y 452. El último, el más bajo de todos los países participantes.
- Colombia lidera entre los países de la OCDE en tasas de repitencia escolar: 8,3% en primaria y 10,5% en secundaria.
- En el Índice de Percepción de Corrupción 2025, Colombia obtuvo 37 sobre 100 y cayó al puesto 99 entre 182 países —siete posiciones en un solo año.
Tres indicadores distintos, el mismo mensaje: un país que no está formando ciudadanos capaces de sostener una democracia exigente.
Eso devuelve la responsabilidad a quienes tienen oportunidades —y las han aprovechado— para no callarse. De quienes las tienen y no las usan para qu elo hagan.Y les exige resultados concretos a las instituciones públicas y privadas encargadas de formar no solo profesionales, sino personas capaces de pensar, debatir y equivocarse con dignidad.
El problema no es que Colombia sea un país de ignorantes. Es que se está convirtiendo en un país donde la ignorancia tiene más poder político que el conocimiento.
Y eso, a alguien, le conviene.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/juana-botero/
