En toda democracia existen reglas que buscan garantizar que quienes ejercen el poder no utilicen los recursos del Estado para favorecer intereses electorales. La prohibición de participación indebida en política por parte de los servidores públicos no es un capricho jurídico ni una limitación arbitraria; es una garantía fundamental de igualdad para los ciudadanos y para quienes compiten legítimamente en el escenario electoral.
Por eso resulta especialmente preocupante que, en los últimos años, la participación en política desde el ejercicio de cargos públicos haya dejado de ser una excepción para convertirse en una práctica cada vez más frecuente. No se trata únicamente del presidente de la República. Ministros, directores de entidades, funcionarios y altos servidores públicos han asumido posiciones políticas y electorales que desdibujan la frontera entre el Estado y las campañas, entre la función pública y la militancia política.
Cuando un servidor público utiliza la autoridad que le confiere su cargo para intervenir en el debate electoral, no solamente vulnera una prohibición legal. También erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. El mensaje que se transmite es devastador: que el aparato estatal puede ponerse al servicio de intereses políticos particulares. Y cuando los ciudadanos dejan de confiar en la imparcialidad del Estado, se debilita uno de los pilares fundamentales de la democracia.
Precisamente por la gravedad de estas conductas, el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido autoridades competentes para investigarlas. En el caso de los servidores públicos, corresponde a la Procuraduría General de la Nación adelantar las investigaciones disciplinarias y determinar las responsabilidades a que haya lugar. Esa competencia existe para proteger la neutralidad de la administración pública y garantizar que quienes ejercen funciones estatales respeten los límites que la Constitución les impone.
Distinta es la situación del presidente de la República. Nuestro diseño constitucional prevé un régimen especial de investigación y juzgamiento para el jefe de Estado. Por ello, cuando se trata de eventuales responsabilidades derivadas de una indebida participación en política, la competencia no corresponde a la Procuraduría ni al Consejo de Estado. La autoridad llamada a conocer estos asuntos es la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, dentro del procedimiento constitucional previsto para los altos dignatarios del Estado.
Esta precisión, que debería ser elemental para cualquier observador del sistema institucional colombiano, que además pretende opinar de él en calidad de experto y con una audiencia considerable, cobra especial importancia en momentos en los que abundan la desinformación y las interpretaciones jurídicas apresuradas. En los últimos días, algunas voces han pretendido responsabilizar al Consejo de Estado de actuaciones para las cuales simplemente no tiene competencia constitucional. Más preocupante aún, han intentado convertir esa equivocación en un argumento para desacreditar una de las instituciones que con mayor firmeza ha defendido el Estado de derecho durante los últimos años.
Porque si una institución ha demostrado independencia y compromiso con la Constitución en tiempos particularmente difíciles, ha sido el Consejo de Estado. Durante este gobierno, caracterizado por frecuentes tensiones con los contrapesos institucionales y por decisiones que en más de una ocasión han puesto a prueba los límites del orden constitucional, el Consejo de Estado ha ejercido un papel fundamental como garante de la legalidad.
Ha sido esta alta corporación la que ha exigido el cumplimiento de las reglas electorales, la que ha revisado con rigor las actuaciones del poder ejecutivo y la que ha actuado como un verdadero muro de contención frente a decisiones que amenazaban con desbordar las competencias constitucionales del Gobierno. Su labor no ha sido política. Ha sido jurídica. Y precisamente por eso resulta incómoda para quienes consideran que el poder debe ejercerse sin límites ni controles.
Las democracias no se destruyen únicamente cuando las instituciones son capturadas. También se debilitan cuando la ciudadanía pierde la confianza en ellas. Por eso es tan grave que, desde la ignorancia o desde la mala fe, se promuevan ataques contra las altas cortes atribuyéndoles competencias que no tienen o responsabilizándolas por decisiones que nunca les han correspondido.
Hoy más que nunca Colombia necesita instituciones fuertes, respetadas y legítimas. Necesita una ciudadanía capaz de debatir con argumentos y no con desinformación. Necesita defender a quienes cumplen la difícil tarea de ejercer control sobre el poder. El vacitinio de fraude electoral sin argumentos, que lo único que pretende es agitar las masas para desestabilizar a la ciudadadanía requiere de altura y respaldo incondicional al Estado de derecho.
En un contexto marcado por denuncias irresponsables de fraude electoral, por una creciente polarización y por discursos que buscan sembrar desconfianza en las instituciones, el respaldo ciudadano al Estado de derecho se convierte en una obligación democrática. El Consejo de Estado, como todas las altas cortes y como toda la arquitectura institucional de nuestra República, merece respeto y respaldo.
Cuando se pierde la confianza en las instituciones, lo que termina en riesgo no es una corte ni un tribunal. Lo que termina en riesgo es la democracia misma.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/ximena-echavarria/
