A tres días de la primera vuelta, los tres candidatos que lideran las encuestas coinciden, con matices, en una propuesta de seguridad concreta: ir tras el dinero del crimen organizado. Iván Cepeda propone fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero, la pieza central del aparato antilavado del Estado. Paloma Valencia hizo de la extinción de dominio uno de los pilares de su política de seguridad, las llamadas “4R”, con la promesa de quitarles a los criminales hasta el último peso. Abelardo de la Espriella ofrece una versión más radical: extinción de dominio exprés, recuperación rápida de activos, un bloque de búsqueda contra la corrupción dirigido desde la Presidencia.
La extinción de dominio no es una herramienta nueva. Lleva casi tres décadas en el ordenamiento jurídico colombiano. Existe una Fiscalía especializada que la ejerce. Existe la Sociedad de Activos Especiales, una entidad dedicada exclusivamente a la administración de los bienes incautados. Hay decretos, leyes, jurisprudencia, manuales de procedimiento. Lo que falla no es el diseño. Es el funcionamiento.
Hoy la SAE administra decenas de miles de activos con medidas cautelares, en distintos grados de avance procesal. La gran mayoría no ha culminado el proceso. Los trámites pueden durar años, a veces más de una década entre la incautación inicial y la sentencia definitiva que transfiere la propiedad al Estado. En los últimos años, además, el monto de bienes efectivamente afectados se ha reducido frente a periodos anteriores. La velocidad real del sistema es radicalmente inferior a la velocidad con la que el crimen organizado mueve y oculta su patrimonio.
Esa lentitud no es accidental ni se resuelve con un decreto. Es producto de varias cosas a la vez: garantías procesales legítimas que existen para proteger a quien podría ser injustamente despojado; una arquitectura institucional que reparte responsabilidades entre Fiscalía, jueces y SAE sin una coordinación clara; déficits de personal especializado; y episodios de corrupción que han salpicado al propio aparato encargado de administrar los bienes incautados. Todo eso convive y se retroalimenta.
Y aquí está la pregunta que ningún candidato ha respondido con detalle. ¿Qué van a hacer con los procesos represados? ¿Cómo se acelera el sistema sin atropellar derechos? ¿Qué reforma específica le proponen a la SAE? ¿Cómo se va a blindar institucionalmente el manejo de activos billonarios para evitar que se repita la historia de bienes incautados que terminan deteriorándose, perdiendo valor o filtrándose de nuevo al mercado por vías irregulares? Esta es la conversación que falta.
La extinción de dominio es, posiblemente, la pieza más concreta de lo que el debate sobre seguridad lleva años pidiendo. No es retórica. Es ley vigente, infraestructura instalada y herramienta probada. El problema es que la herramienta funciona a una fracción de la velocidad que el crimen organizado en Colombia exige. Y prometerla en campaña, sin explicar cómo se desatasca, es exactamente lo que tres décadas de buenas intenciones han dejado.
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