La interferencia de los grupos armados en las elecciones no empieza el 31 de mayo. Lleva años en construcción. Lo que ocurre en las urnas es el último paso de un proceso mucho más largo: el de administrar un territorio hasta el punto en que la política que ocurre dentro de él ya está condicionada antes de que alguien meta la mano en el tarjetón.
El control que ejercen hoy los grupos armados sobre el voto es distinto de lo que se imagina. No es un hombre con un fusil parado frente a la urna. Según la Misión de Observación Electoral, lo que predomina ahora es el control económico del proceso: cobrar un permiso para colgar una valla, prohibir reuniones políticas, decidir qué candidatos pueden entrar a un municipio. En territorios como el Catatumbo, líderes sociales lo describen sin rodeos: solo pueden hacer campaña los políticos que ellos mismos digan. No es intimidación el día de las elecciones. Es la administración del territorio en los días anteriores.
Eso tiene un nombre preciso. Es la misma gobernanza criminal que financia la extorsión al carnicero del barrio y al conductor de la ruta de buses. Los grupos que cobran vacuna semana a semana no solo extraen dinero, sino que también construyen legitimidad. Y quien lleva años siendo el orden real de un territorio termina siendo también su orden político. El control electoral no es un operativo de último momento. Es el resultado acumulado de una presencia que el Estado no ha logrado disputar.
Por eso, el problema no se resuelve con el despliegue de la fuerza pública el 31 de mayo. Colombia tiene una capacidad institucional notable para organizar elecciones, incluso en contextos de violencia: llevar urnas a veredas remotas, garantizar la logística y contar los votos. Pero garantizar que la campaña previa a esa votación fue libre es un problema distinto y más difícil. Cuando un candidato –o su equipo de trabajo– no puede entrar a un municipio porque un grupo armado lo impide, la competencia política ya está distorsionada antes de que abran los puestos de votación.
Quien gane el 31 de mayo heredará ese mapa. Como heredará el de la extorsión, sin inteligencia financiera para perseguirla; el del secuestro, que mutó mientras las mesas de paz seguían abiertas; y el de territorios enteros, donde el Estado llega cada cuatro años a pedir el voto y el grupo armado está ahí los otros 1.460 días. Esa desproporción no se resuelve con escoltas ni con operativos de una sola jornada. Se resuelve con una presencia estatal sostenida, legítima y capaz de competir con lo que el crimen organizado ofrece desde hace décadas. Mientras eso no ocurra, Colombia seguirá realizando elecciones en territorios que otros administran.
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