El pasado 24 de abril se conoció la oficialización del nombramiento de Daniel Quintero, ex acalde de Medellín, como Superintendente de Salud. Días antes había surgido apenas como un rumor, y levantó una polémica más que justificada, conociendo los antecedentes de su paso por la Alcaldía de Medellín.
Este nombramiento fue recibido por quienes conocemos de primera mano el obrar de Quintero en la administración pública como una bofetada a todo el ejercicio de control social llevado a cabo entre 2020-2023, periodo en el que estuvo al frente de la segunda ciudad más importante de Colombia, manejando un presupuesto anual billonario.
El mal resultado de su gestión, medido tanto desde una óptica objetiva como de percepción, revela el contraste que ha implicado para la gente en Medellín que haya sido nombrado en un cargo de alta responsabilidad en un sector tan sensible para el bienestar de las personas como es la salud, máxime cuando hoy el sistema en Colombia pasa por una de sus peores crisis históricas.
Quintero se hizo viral- cosa en la que indiscutiblemente es muy bueno- en la campaña a la Alcaldía cuando llevó al Concejo de la ciudad un queso gigante y argumentó que a EPM se la robaban los políticos y el Grupo Empresarial Antiqueño -GEA- hoy inexistente pese a la reiterada obsesión tanto de Quintero como del presidente de la República. Ese fue el centro de su campaña, de su narrativa durante su alcaldía e incluso en su breve lapso como precandidato a la presidencia en este año. Hasta el momento no cuenta con una sola prueba de tal afirmación.
Quintero es un gran exponente de la construcción de narrativas falsas y altamente manipuladoras. Es un promotor de discordia y división. Es un personaje oscuro que con su forma de ejercer la política crea ambientes tensos, confusos y desgastantes socialmente. No es un líder que una y trabaje por los intereses colectivos.
Ni que decir, que lo peor de su nombramiento en este cargo tan relevante para la situación que vive la salud en el país, es que no da tranquilidad que quien tiene una sombra gigante de presunta corrupción, con más de 40 personas de su administración, incluyéndolo, imputados en procesos contra la propia administración pública, esté hoy al frente de una entidad que debe velar por la transparencia de un sector con tanta opacidad. Como lo reveló recientemente la Contraloría General de la República, la Nueva EPS no tiene sus estados financieros certificados para los dos últimos años, mientras el endeudamiento de varias EPS también intervenidas creció de forma acelerada en este mismo lapso, todo bajo la complacencia de la propia Superintendencia. Así las cosas, con Quintero a la cabeza de la entidad no es de esperar un cambio positivo en el desempeño de la entidad. Por el contrario, con sus primeras actuaciones -como siempre tan mediáticas y simbólicas- enviando dinero directamente a una paciente para los medicamentos de su tratamiento, cuya responsabilidad recae enteramente en la EPS a la cual está afiliada-, queda claro que su estilo y fondo se mantienen en desmedro de los objetivos públicos. Lo suyo sigue siendo el escándalo, la polémica y la necesidad de sobresalir y mantenerse vigente en los medios de comunicación.
En Antioquia conocemos a Quintero, sabemos de sus formas y de sus mañas. Por eso hay indignación por su nombramiento y todo lo que significa para un país cansado de la corrupción, del desgreño administrativo y de la debacle del sistema de salud.
Lo peor de esto es que hoy no parecen existir límites éticos en la administración pública en el país. La apatía y la frustración ciudadanas son cada vez más evidentes y para quienes hemos trabajado en control social es aún más fuerte el sinsabor frente al desgaste que significa la lucha contra la corrupción cuando el sistema de justicia va a paso de tortuga y, a la par, las alianzas y transacciones politiqueras, sumadas a las animadversiones regionales, nos imponen a personajes tan nefastos como Daniel Quintero.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/piedad-restrepo/
