Cuando Gustavo Petro ganó la presidencia, no se imaginan la angustia de mi mamá. Como si hubiera ocurrido una catástrofe nacional. Yo, en cambio, reaccioné con una mezcla de resignación y esperanza. Honestamente pensé: “Bueno, ya está. Ojalá haga lo mejor posible por Colombia y le vaya bien”.
Yo realmente creí que llegaba al poder con un interés sincero por el país y con ganas genuinas de hacer transformaciones positivas. A pesar de las enormes diferencias ideológicas que siempre tuve con él, nunca dudé de sus buenas intenciones.
Siempre he creído que los péndulos ideológicos son naturales en la democracia y que a Colombia le había llegado su turno de probar otro camino.
Hoy me invade una mezcla de angustia, duda y temor genuino por el futuro del país. Porque empiezo a sentir que la ambición de poder, los intereses personales y el costo del silencio están poniendo en riesgo cosas que a Colombia le tomó décadas construir: instituciones sólidas, separación de poderes y una democracia imperfecta, sí, pero capaz de contener el autoritarismo.
Poco a poco nos acostumbramos a escuchar amenazas de constituyente cuando las reformas no avanzaban, a ver decretos y mecanismos excepcionales utilizados para acelerar decisiones, periodistas señalados públicamente, congresistas tratados como enemigos y acusaciones de conspiración o “golpe blando” cada vez que las cortes ponían límites. Y ahí empezó a instalarse una idea profundamente peligrosa: que las instituciones solo son legítimas cuando obedecen al poder.
Y quizá lo más decepcionante es que ya casi no queda rastro de las causas que prometían defender. Los derechos humanos, la paz, el feminismo y la justicia social fueron quedando relegados mientras el Gobierno se concentró cada vez más en proteger a sus alfiles políticos, conservar poder y justificar lo injustificable.
Mientras tanto, el país también se endeuda a una velocidad alarmante. Este gobierno recibió una deuda cercana a los $800 billones y proyecta dejarla por encima de los $1.300 billones al finalizar su mandato, un aumento cercano al 60% que no se refleja en una transformación proporcional del país.
Y finalmente está la llamada “Paz Total”, que prometía reducir la violencia y devolverle tranquilidad al país, pero terminó fortaleciendo a grupos armados que hoy tienen mayor control territorial y capacidad criminal, mientras el Estado pierde autoridad y presencia frente a ellos. Al mismo tiempo, los llamados “gestores de paz” han recibido protagonismo político y beneficios judiciales. En Medellín vimos cabecillas salir de la cárcel de Itagüí para terminar en una tarima pública, tratados casi como referentes sociales y no como criminales. Y hace apenas unos días, el Gobierno solicitó suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a alias “Chiquito Malo”.
Y ahí es donde creo que muchos colombianos sentimos una profunda injusticia: el mérito, el esfuerzo y la legalidad parecen haber perdido valor frente a quienes ejercen violencia. Mientras aumenta la extorsión, regiones enteras viven bajo amenaza y miles de ciudadanos conviven con el miedo, quienes delinquen parecen recibir interlocución política, beneficios y legitimidad pública.
Ahora juntemos todas las piezas: ataques constantes a las instituciones, un poder cada vez más ciego frente a sus propios límites, un endeudamiento desbordado que concentra cada vez más recursos en manos del Gobierno y estructuras armadas fortaleciéndose territorialmente mientras reciben interlocución y beneficios desde el poder. ¿Qué podría salir mal?
No tengo cómo asegurar que exista una estrategia coordinada detrás de todo esto. Pero como ciudadanos sí deberíamos preguntarnos qué tan libre puede ser una elección en un país donde estructuras ilegales acumulan recursos, control territorial y capacidad de intimidación. Más aún cuando el propio presidente ha llegado a insinuar que las elecciones podrían carecer de garantías o ser fraudulentas si los resultados no favorecen a su proyecto político.
Por eso, más allá de ideologías, estas próximas elecciones exigen algo fundamental: mesura, reflexión y responsabilidad. Colombia necesita votar pensando menos en la rabia, el fanatismo o la revancha política, y más en la defensa de las instituciones, la libertad y la democracia misma. Porque al final, los gobiernos pasan. Pero cuando una democracia se debilita, recuperarla puede tomar generaciones.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
