Hay una insistencia cada vez más evidente del Gobierno Petro y la campaña de Iván Cepeda en invocar un supuesto “poder popular” para promover una asamblea nacional constituyente. No es una discusión técnica ni jurídica, aunque así intenten presentarla. Es, en esencia, una reacción frente a los límites. La Constitución vigente les incomoda porque establece controles, porque fija reglas y porque impide que el poder se ejerza sin restricciones. En resumidas cuentas, solo les resulta funcional una Carta Magna que sea cómplice de su proyecto político.
Pero reducir el debate sobre si Colombia necesita o no una Constituyente es quedarse en la superficie. El fondo del asunto es mucho más delicado: se trata de los límites al poder y una fractura social. Por un lado, la historia demuestra que cuando un gobierno, en medio de tensiones políticas y bajos resultados, plantea reescribir las reglas de juego, rara vez lo hace para fortalecer la democracia. Lo hace, más bien, para reconfigurar los contrapesos y ampliar su margen de maniobra. Por eso, más que una propuesta institucional, la Constituyente termina convertida en un mecanismo para redefinir el equilibrio del poder en favor de quienes hoy lo detentan.
Y hay un efecto más preocupante que trasciende lo institucional: la fractura social que se alimenta desde ese discurso. La narrativa que la acompaña no busca cohesionar, sino dividir. Se construye sobre la lógica de “ellos contra nosotros”, donde el opositor deja de ser legítimo y pasa a convertirse en un obstáculo moral o político que debe ser neutralizado. Este enfoque profundiza la polarización e instala el resentimiento como eje de movilización, erosionando la posibilidad de construir mínimos comunes en una sociedad ya tensionada.
En ese proceso emerge un fenómeno silencioso pero profundamente dañino: la insularidad social. Se trata de una dinámica en la que los individuos dejan de reconocerse como parte de una comunidad compartida y comienzan a encerrarse en burbujas de desconfianza. El otro ya no es simplemente distinto, sino sospechoso. Lo que comienza como una fractura sutil termina debilitando el tejido social hasta volverlo casi irreparable. Y a diferencia de las reformas institucionales, ese tipo de daño no se corrige con nuevas normas ni con cambios constitucionales.
Así las cosas, una Constituyente deja de ser un mecanismo excepcional dentro de la democracia y pasa a convertirse en una herramienta funcional a un proyecto político que encuentra en la división una forma de sostenerse. La confrontación moviliza, el agravio promueve el sectarismo y el conflicto permanente permite justificar decisiones que, en condiciones normales, serían difíciles de defender. Por eso, ampliar la grieta social no es un efecto colateral, sino parte crucial de su estrategia.
Además, la propuesta no puede analizarse al margen del balance del actual gobierno. Una mala gestión que no respalda la necesidad (o sus ansias) de concentrar más poder. El deterioro del sistema de salud, el retroceso en materia de seguridad tras los resultados de la llamada “paz total”, el debilitamiento de las finanzas públicas y un panorama económico cada vez más incierto configuran un escenario en el que las prioridades deberían estar en corregir el rumbo, no en reescribir las reglas. Todo esto, acompañado de una sucesión de escándalos que han erosionado la confianza en las instituciones.
En ese escenario, insistir en una Constituyente es solo una forma de evadir los malos resultados y trasladar la discusión hacia un terreno donde el poder pueda reconfigurarse sin los límites actuales. Y esa sola intención debería ser suficiente para encender las alarmas, no solo por lo que implica para el equilibrio institucional, sino por el tipo de sociedad que se está incentivando: una más fragmentada, más desconfiada y, en últimas, más vulnerable. Porque cuando se debilitan los límites al poder, lo que termina por romperse no es únicamente la institucionalidad, sino la cohesión misma de la sociedad.
Otros escritos de este autor: https://noapto.co/juan-carlos-bolivar/
