En Colombia la palabra “cambio” se volvió una muletilla. Una consigna que se repite con la misma facilidad con la que se olvida lo que realmente implica. Hoy, otra campaña presidencial insiste en vendernos esa idea: que ahora sí, que esta vez sí, que el país va a cambiar, que cuatro años del gobierno del cambio no fueron suficientes y que hay que darles otra oportunidad. Pero basta mirar quiénes están detrás para entender que, en realidad, lo que cambia es el discurso, no las prácticas.
Porque no se puede hablar de cambio cuando en la misma mesa se sientan los de siempre. No se puede hablar de renovación mientras se reciclan los mismos nombres, las mismas estrategias y, peor aún, las mismas formas cuestionables de hacer política.
Ahí está Juan Fernando Cristo, hoy en la campaña de Iván Cepeda, acompañando un proyecto que insiste en venderse como “transformador” y continuidad del proyecto del “cambio”. Y entonces la pregunta es inevitable: ¿cambio con quiénes?
Porque si algo ha quedado claro es que hay políticos que no entienden la ley como un límite, sino como un obstáculo que hay que sortear. Y cuando no logran hacerlo por la vía institucional, lo intentan por la presión, por la narrativa, por el desgaste del sistema.
Lo digo con conocimiento de causa. Fui la demandante en el proceso que terminó con la nulidad del reconocimiento del partido En Marcha. Y lo gané porque era evidente: no cumplían los requisitos legales. La Sección Quinta del Consejo de Estado lo dijo con todas las letras. No una, sino dos veces. No era un partido. No podía serlo.
Pero cuando el derecho no les dio la razón, vino la maniobra. Tutelas, presión mediática, anuncios de desacato. Un intento sistemático por torcer lo que no pudieron ganar con argumentos jurídicos.
Y aquí es donde está el punto clave que hoy se quiere diluir: no hubo un fallo de fondo que “reviviera” al partido. Lo que hubo fue un auto de la Corte Constitucional que ordenó suspender los efectos de la sentencia del Consejo de Estado mientras se revisa el caso. Una medida provisional, no una decisión definitiva.
Sin embargo, ese auto tuvo consecuencias políticas concretas. Esa suspensión permitió que Juan Fernando Cristo participara en las elecciones del 8 de marzo y que, a través de los votos obtenidos, refrendara una personería jurídica que ya había sido declarada nula por no cumplir los requisitos legales. No es un detalle técnico: es la instrumentalización de una decisión judicial provisional para producir efectos políticos permanentes.
Ese no es un detalle menor. Es el síntoma de un problema más profundo: la incapacidad de algunos sectores políticos de someterse a las reglas que dicen defender. La idea de que todo vale si el objetivo es mantenerse en el juego.
Por eso resulta tan contradictorio —y tan preocupante— que desde esa misma orilla se hable de cambio. Porque el cambio no es un eslogan. El cambio empieza por respetar las instituciones, por aceptar los límites que impone la Constitución, por entender que las reglas no son opcionales.
No hay cambio posible cuando un proyecto político se rodea de personas acostumbradas a contrariar la ley para su propio beneficio. No hay cambio cuando se normaliza presionar a las cortes hasta obtener el resultado deseado. No hay cambio cuando se usan decisiones provisionales para legitimar lo que no se ha podido sostener en derecho.
El problema no es solo quiénes están. Es lo que representan. Y lo que representan es justamente eso que dicen querer superar.
En un país donde la institucionalidad ya ha sido suficientemente golpeada, lo mínimo que se esperaría de quienes hablan de transformación es coherencia. Pero la coherencia no aparece cuando se convoca al pasado para dizque construir el futuro.
Por eso, con toda claridad: a mí no me hablen de cambio si Cristo está ahí.
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