Pensemos por un momento desde el otro lado de la mesa. No desde el Gobierno, que lleva casi cuatro años construyendo el relato de la paz urbana, sino desde quien tiene 19 años, vive en una comuna de Medellín, gana entre dos y tres salarios mínimos al mes cobrando vacunas o distribuyendo drogas, y lleva unos años escuchando que existe una mesa de diálogo sociojurídico que lo invitará a reintegrarse a la legalidad. La pregunta que ese joven se hace no es ni ideológica ni filosófica. Es práctica: ¿qué gano yo con eso?
A punto de terminar el gobierno de Gustavo Petro, esa pregunta sigue sin una respuesta clara. En estos años se ha construido una narrativa sobre los diálogos con estructuras criminales del Valle de Aburrá, pero no se ha logrado traducirla en una oferta concreta, verificable y creíble para los aproximadamente 12.000 integrantes de combos y bandas. No se sabe qué incentivos están sobre la mesa. No se sabe qué estudios, qué empleos, qué proyectos productivos ni qué garantías de seguridad le esperan a quien decida salir. Y sin esa claridad, la paz urbana compite en desventaja frente a una economía criminal que sí tiene claridad: la paga es puntual, otorga estatus y ofrece una forma de orden en territorios donde incluso el Estado tiene presencia permanente.
El problema no es exclusivo del Valle de Aburrá. En el Catatumbo, el Frente 33 negoció una Zona de Ubicación Temporal sin que nadie explicara con precisión qué transformación real esperaba el Estado de ese proceso, más allá de contener temporalmente el enfrentamiento con el ELN. En las mesas con el Clan del Golfo, el marco de «sometimiento» nunca recibió la legislación complementaria que lo haría operativo. Y según la propia Fiscalía General de la Nación, más del 40% de quienes ya recibieron beneficios en el marco de la “paz total” siguieron delinquiendo. Ese dato no es un detalle: es la señal más poderosa que el proceso les manda a quienes todavía están evaluando si entrarle o no. Si quienes ya recibieron beneficios no cumplieron, ¿por qué alguien que aún no los ha recibido cambiaría su cálculo?
La economía del crimen organizado urbano no se sostiene únicamente en la violencia. Se sostiene en una oferta que el Estado no ha logrado superar: ingreso estable, identidad, pertenencia y una forma de protección en barrios donde la institucionalidad es escasa. Competir con eso requiere diseñar alternativas que tengan sentido para quien las va a elegir. Eso implica saber cuántas personas estarían dispuestas a salir, qué las retiene, qué perfil tienen, qué necesitan en concreto. Implica, en suma, realizar el trabajo que tres años de conversaciones sociojurídicas no han logrado producir de manera pública y verificable.
La lección es simple: sin una oferta real, la paz urbana no compite. Y lo que no compite, no persuade. En ese vacío, el crimen sigue haciendo lo que mejor sabe hacer: ofrecer certezas donde el Estado apenas promete.
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