Esta semana Standard & Poor’s bajó la calificación de riesgo de Colombia a BB-. No generó marchas en las calles, ni se volvió trending en redes, ni ocupó las conversaciones del desayuno. Sin embargo, esa decisión terminará tocando la vida de todos nosotros: en el interés que pagas por el crédito de la casa o del carro, en las decisiones de las empresas para invertir o no, y en las oportunidades reales de crecimiento que tenemos como país.
Cuando agencias como Standard & Poor’s revisan la nota de un país, están mirando números concretos y fáciles de entender: cuánto gasta el Estado frente a lo que recauda, cuánto debe en total, qué tan rápido crece la economía y qué tan caro le resulta endeudarse.
El primero es el déficit fiscal: la diferencia entre lo que el Gobierno gasta y lo que ingresa por impuestos y otras fuentes. Si año tras año se gasta más de lo que entra, hay que tapar ese hueco con deuda. Y ahí aparece la segunda cifra: la deuda pública, que ha subido de niveles cercanos al 40% del PIB hace algunos años hasta rondar hoy cerca del 60% o más.
La capacidad de pago depende del crecimiento económico. Si la economía avanza despacio, se recauda menos y se hace más difícil reducir tanto el déficit como la deuda.
A esto se suma el costo de la deuda: en los últimos años ha subido de manera importante. Colombia paga tasas más altas que antes, lo que significa que una porción cada vez mayor del presupuesto se va en intereses en lugar de invertirse en bienestar y gasto público.
Al mirar todas estas variables juntas, las agencias decidieron bajar nuestra calificación a BB-, lo que significa que el país es visto como significativamente más riesgoso. Y cuando sube el riesgo, los inversionistas exigen más rentabilidad, es decir, tasas de interés más altas.
En la práctica, esto se traduce en menos capital disponible y financiamiento más caro. El Gobierno, para cubrir su déficit, emite bonos que compran fondos, aseguradoras y bancos. Al percibirnos más riesgosos, los inversionistas piden tasas más elevadas. Esa tasa se vuelve referencia para toda la economía: los bancos no van a prestarte más barato a ti o a tu empresa de lo que pueden ganar prestándole al Estado. El resultado es previsible: el crédito se encarece para las personas y las empresas, ellas invierten menos, generan menos empleo y el dinamismo se frena. Al final, el costo del dinero sube para todos los colombianos.
Cuando el Estado destina más recursos a pagar intereses de la deuda, le queda menos espacio para invertir en lo que realmente mejora la calidad de vida: obras de infraestructura, educación, salud o programas que generen oportunidades reales.
El próximo presidente de Colombia tendrá que poner la economía como una prioridad real en su agenda.
¿Cómo reducir el déficit sin frenar el crecimiento? ¿Cómo estabilizar la deuda en el tiempo sin sacrificar lo esencial? ¿Qué decisiones concretas se tomarán para hacer más eficiente el gasto y recuperar la confianza de los inversionistas?
Prometer es fácil. Lo difícil, y lo que realmente define un buen gobierno, es cumplir esas promesas sin dejarle al próximo gobierno y a las siguientes generaciones un país con las finanzas cada vez más deterioradas.
Al final, la economía se traduce en resultados muy concretos. Administrarla bien no es opcional: es la responsabilidad más importante de quien gobierna. Porque cuando se ignoran estas señales, o se simplifican sus causas, o se desvían las discusiones hacia responsables equivocados, las consecuencias no desaparecen, solo se acumulan. Y terminan pagándose todos los días del bolsillo de los colombianos.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/daniela-serna/
