Hay momentos en la vida institucional de un país en los que las decisiones administrativas dejan de ser simples trámites y se convierten en pruebas de fuego para el Estado de derecho. Este es uno de ellos. El reconocimiento de la fusión entre el Colombia Humana y el Pacto Histórico por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) no puede analizarse como un acto más dentro de la rutina burocrática: es una decisión que golpea directamente el corazón de la institucionalidad democrática.
El contexto no es menor. Existe una impugnación formal contra la asamblea en la que supuestamente se aprobó la fusión, con serios cuestionamientos sobre la convocatoria, el quórum, la participación efectiva de las bases y la vulneración de los derechos de militantes que no compartían esa decisión. No estamos hablando de un desacuerdo político ordinario; estamos frente a alegaciones de desconocimiento de la democracia interna partidista, de afectación al principio de participación y de una eventual ruptura de las reglas estatutarias.
La función del CNE, conforme al artículo 265 de la Constitución, no es decorativa ni protocolaria. Le corresponde regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad de los partidos y movimientos políticos, garantizando que su funcionamiento se ajuste a la Constitución y la ley. Es, en esencia, el guardián de las reglas del juego democrático. Su papel no es facilitar estrategias de reorganización política, sino verificar —con rigor técnico y jurídico— que cada paso se dé dentro del marco normativo.
Reconocer una fusión en medio de impugnaciones no resueltas, de dudas sobre la legitimidad de las decisiones internas y de reclamos por vulneración de derechos fundamentales de los militantes no solo es jurídicamente imprudente: es políticamente irresponsable. La democracia interna de los partidos no es un formalismo. Es una exigencia constitucional derivada del principio de pluralismo político. Cuando esa democracia interna es desconocida o, peor aún, cuando sus eventuales irregularidades son ignoradas por el órgano de control, el mensaje que se envía es devastador: que las reglas pueden flexibilizarse si el beneficiario tiene suficiente peso político.
Estamos, además, en un momento electoral particularmente álgido. La atmósfera pública está cargada de desconfianza, de polarización y de una especie de nubosidad institucional que no permite ver con claridad el panorama. En ese escenario, la autoridad electoral debía ser el punto de equilibrio, el ancla de certeza jurídica. En cambio, con decisiones como esta, se convierte en parte del conflicto.
La institucionalidad no es un sofisma de distracción ni un discurso conveniente para tranquilizar a la opinión pública. Es la base del Estado de derecho. Es lo que impide que el poder político se imponga sobre la norma. El CNE representa esa institucionalidad que garantiza que las elecciones sean libres, que las organizaciones políticas compitan en igualdad de condiciones y que las reglas no cambien dependiendo de quién esté en el poder.
Tomar decisiones que parecen abiertamente contrarias a la ley, o al menos incoherentes con precedentes anteriores de la propia corporación, por razones que no sean estrictamente jurídicas —ya sea por presión política, cálculo estratégico o temor institucional— solo conduce a una consecuencia: la fragmentación progresiva del Estado de derecho. Cada vez que el árbitro cede, la cancha se inclina.
Es particularmente preocupante la sensación de que, a lo largo del proceso electoral reciente, la autoridad ha actuado con una flexibilidad selectiva que favorece a un sector político específico. Cuando las reglas, que deberían ser claras y estables, son interpretadas de manera acomodaticia, la confianza pública se erosiona. Y sin confianza, no hay democracia que resista.
Lo más inquietante no es solo esta decisión puntual. Es el mensaje estructural: que no hay contrapesos eficaces, que la división de poderes se diluye y que la institucionalidad que durante décadas se presentó como el muro de contención frente a cualquier deriva autoritaria empieza a mostrar grietas. Esa institucionalidad que muchos consideraban la razón por la cual Colombia no seguiría caminos de colapso institucional en la región hoy parece más frágil de lo que imaginábamos.
Este no es un llamado a la confrontación, sino a la cordura. El CNE debe recordar que su legitimidad no proviene de mayorías coyunturales ni de afinidades políticas, sino de su apego estricto a la Constitución y la ley. En momentos de tensión democrática, la prudencia, la motivación reforzada y el respeto absoluto por el debido proceso no son opciones: son obligaciones.
Cuando la institución encargada de garantizar el cumplimiento de las reglas empieza a pisotearlas —o a dar la impresión de hacerlo—, el daño trasciende una resolución administrativa. Se resquebraja la fe en el sistema. Y sin esa fe, lo que se pone en riesgo no es un partido ni una coalición: es la democracia misma.
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