En la fallida emergencia económica del presidente Petro, la reforma tributaria aumentaba de forma significativa el impuesto al patrimonio, principalmente para la tarifa más alta, pasando de 1,5% a 5%. En algunos medios se refirieron al posible nuevo impuesto como el más alto del mundo y otros lo compararon con las tarifas de países nórdicos, para de alguna manera cuestionar el impuesto. Los cambios en el impuesto iban desde arrancar con una tarifa de 0,5% para los patrimonios entre $2.000 y $3.600 millones, entre este y $6.000 millones de 1%, entre $6.000 y $12.000 millones de 2%, de $12.000 millones a $100.000 millones de 3% y más de $100.000 millones el 5% mencionado.
Esa tarifa máxima se estaría cobrando a tan solo 66 contribuyentes y un total de 105.000 personas tendrían que pagar el impuesto bajo los cambios propuestos, de haberse aprobado el decreto de emergencia económica.
El impuesto al patrimonio en sociedades altamente desiguales como la nuestra es una herramienta útil y necesaria para la redistribución. La otra cara de la moneda es la destinación de estos recursos, es decir, cómo afecta el gasto público la mejora en la redistribución del ingreso. Es allí donde Colombia no ha hecho bien la tarea, con pocos avances en la redistribución.
En el país ha sido difícil plantear en la agenda pública las acciones necesarias para mejorar la distribución del ingreso, porque para la mayoría de la gente es más urgente plantear políticas que reduzcan la pobreza. En este frente hemos tenido mejores avances, aunque no los suficientes.
Ambas agendas son importantes y están íntimamente relacionadas. Como lo señala la ONU en su informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible, “la desigualdad amenaza el desarrollo social y económico a largo plazo, frena la reducción de la pobreza y destruye el sentido de realización y autoestima de las personas”. La desigualdad puede medirse bajo muchos enfoques y uno de los más comunes es la de los ingresos. Es por esto, por lo que muchos abogan que si se resuelve el problema de la pobreza- medida por ingresos- la desigualdad pasaría a un segundo plano. El asunto relevante aquí es que la persistencia de la pobreza e incluso los retrocesos ante choques externos como la reciente pandemia, muestran la debilidad de las acciones emprendidas para erradicar la pobreza. Las razones de fondo están relacionadas con una sobresaliente desigualdad de oportunidades.
Es allí donde la agenda debería concentrarse con acciones contundentes para crear y dotar de capacidades a las personas sin importar el lugar de nacimiento y residencia, su raza, o ningún otro aspecto que pueda afectar el acceso con calidad a bienes básicos como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y los servicios públicos.
Colombia debe pensar en esta agenda y en la forma de atar ciertos impuestos como el del patrimonio, no a una bolsa común y muy posiblemente corruptible como se ejemplifica en el caso de la UNGRD, si no a una bolsa especial, focalizada y con instrumentos de control social fuertes que disminuyan la posibilidad de robo de estos recursos y que, además, vele porque se logren impactos relevantes para las comunidades con mayores obstáculos en la creación de capacidades de desarrollo tanto colectivas como individuales.
Otra organización que ha puesto sus ojos en la desigualdad creciente en el mundo es OXFAM- una confederación que agrupa 19 ONG en el mundo para luchar contra el hambre en el mundo. En su más reciente informe, la ONG plantea que el creciente autoritarismo y el aumento de la desigualdad, son dos tendencias interrelacionadas y peligrosas para los sistemas democráticos en el mundo.
Oxfam va más allá frente a los impactos negativos de la desigualdad en el mundo y pone hincapié en los asuntos de orden político. La desigualdad termina afectando la confianza en las instituciones y esto, a su vez, aumenta la polarización política, y excluye de la participación política a quienes menos recursos tienen. Es allí donde el espacio está servido para una mayor participación de las élites en la definición de las políticas -pensemos en el lobby para reducir impuestos a grandes industrias, por ejemplo- y capturar varias instituciones a favor de intereses particulares y no colectivos.
La desigualdad tiene consecuencias negativas tangibles en muchos aspectos del bienestar de las personas y las sociedades. Seguir propiciando conversaciones al respecto para agendar soluciones desde la esfera pública es un imperativo. Oxfam propone crear planes nacionales de reducción de la desigualdad, donde se planteen acciones realistas, definición de metas y plazos, además de un seguimiento riguroso. Colombia está en mora de adoptar un plan de esta naturaleza que esté apalancado por un entendimiento profundo sobre las causas raíz de la desigualdad en el país y en los mecanismos idóneos para transformarlas a favor de una sociedad más igualitaria y democrática.
Otros escritos de esta autora: https://noapto.co/piedad-restrepo/
